¿Esfuerzo inútil?

En un documento del año 2009, la embajada del Ecuador en Washington explicó a la Oficina Comercial de los Estados Unidos, la importancia que tenían las Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea) dentro del contexto de las reformas políticas que vivía el país, de la siguiente manera:

“...desde 1991, cuando la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas se estableció por primera vez, el comercio entre Ecuador y los Estados Unidos ha aumentado dramáticamente. Esta expansión del comercio ha beneficiado a ambos países mediante la generación de empleo, sacando a cientos de miles de ecuatorianos de la pobreza, conteniendo la propagación de la producción de drogas ilícitas y el narcotráfico, contribuyendo a la estabilidad económica y política del Ecuador y consolidando los lazos culturales y de tradición comercial de largo plazo entre ambos países.”

Según el documento “El acceso preferencial al mercado de EE.UU que ofrece la Atpdea a los exportadores ecuatorianos, ha impulsado a muchas industrias no-tradicionales que emplean a cientos de miles de ecuatorianos y ha ayudado a reducir los niveles de pobreza... La Atpdea ha llevado a la consolidación de las cadenas de producción para la exportación, que se han traducido en el desarrollo de industrias verdaderamente globalizadas que pueden competir y exportar a cualquier parte del mundo.”

La embajada concluyó que: “En el contexto de las reformas políticas que impulsa la administración Correa, la Atpdea juega un papel fundamental para garantizar la estabilidad económica de Ecuador, su diversificación comercial y su capacidad para mantener industrias de exportación que usan intensivamente mano de obra.”

Habiendo sido ésta, durante cuatro años, la posición oficial del Gobierno ecuatoriano sobre la Atpdea, resulta inexplicable que, ante la posibilidad de que la intempestiva expulsión de la Embajadora norteamericana en Quito ponga en riesgo la renovación de las preferencias arancelarias para Ecuador, algunos funcionarios públicos e incluso el presidente de la República, se hayan dedicado a minimizar la importancia política y económica que tenían.

Semejante cambio de discurso les ha caído como un “balde de agua fría” a los empresarios ecuatorianos quienes, luego de por muchos años dedicar tiempo y recursos a la cada vez más difícil tarea de buscar renovaciones consecutivas de la Atpdea, acaban de descubrir que, para las autoridades del Gobierno, en realidad carecía de mucha importancia.

De la noche a la mañana se ha liquidado uno de los pocos ámbitos de cooperación público-privada en que los empresarios y la administración Correa se apoyaban mutuamente y compartían similares objetivos. Si así concluyen los temas de interés mutuo, poco podrá esperarse en aquellos en que los dos sectores mantienen diferencias irreconciliables.

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