19 de septiembre de 2017 00:00

Equipo internacional investigará cámara en la Presidencia

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Redacción Seguridad
y Política (I)

La Fiscalía abrió una indagación reservada, sin establecer aún qué delito se habría cometido al instalar una cámara de vigilancia en el despacho del presidente Lenín Moreno.

Cuatro días han pasado desde que el Mandatario denunciara la existencia de este dispositivo. Por ahora, cuatro militares que pertenecen al Servicio de Protección Presidencial (SPP) –un grupo de élite encargado de su cuidado– ya han entregado sus versiones de forma reservada.

Ayer, 18 de septiembre de 2017, Moreno se volvió a referir a este tema durante el programa ‘El Gobierno Informa’. “El Presidente debe comportarse de la forma que espera que se comporten sus ciudadanos. Por eso, sin insultos, contésteme señor expresidente Rafael Correa: ¿Usted ordenó colocar la cámara? ¿Para qué la utilizaba? Espero que no haya sido para filmaciones del buró político... ¿Con qué fines?”.
Y añadió más preguntas: “¿Por qué no se me comunicó de su existencia? ¿Por qué estaba todavía funcionando?”.

El Presidente también recordó que Correa afirmó, desde Bélgica, que tenía gente al interior del Gobierno que le pasaba documentos oficiales de la Presidencia de la República. “¿Eso no es espionaje? ¿Eso no es deslealtad?”.

Por eso, dijo que pidió que la Presidencia contratase a un equipo de investigadores extranjeros para aclarar el tema. Mientras tanto, en la Fiscalía se solicitaron nuevas diligencias a Criminalística, para establecer los detalles técnicos de la cámara, como marca, capacidad de memoria, etc.

Moreno dijo que el dispositivo estaba activo y que el mismo servicio técnico que monitoreaba la cámara, desde la administración de Correa, accedió a las oficinas antes de que los peritos llegaran el viernes 15 de septiembre de 2017. “¡Qué casualidad: en el momento que la Fiscalía realiza la inspección, los cables aparecen desconectados”.

Para Luis Hernández, coronel en servicio pasivo, el no haber informado al nuevo grupo de seguridad sobre la existencia de una cámara puede constituirse en una falta grave. El Reglamento de Disciplina Militar, en el art. 60, dice que una falta grave es cuando un funcionario “incurre en acciones u omisiones” por negligencia o inobservancia de reglamentos que ponen en peligro “el cumplimiento de una misión o la seguridad de las personas...”.

El Servicio de Protección Presidencial que fue posesionado por Moreno detectó el aparato cuatro meses después de que el Presidente asumiera el cargo. Por eso, otro de los cuestionamientos del Mandatario es sobre “la mínima muestra de profesionalismo” del anterior equipo.

En el Reglamento de Disciplina Militar se señalan cinco clases de sanciones a los uniformados que comenten este tipo de faltas. La más grave es la separación del servidor, pero también se lo puede sancionar con arresto militar, que dura días, o la suspensión de las funciones encomendadas.

En medio de la polémica, legisladores del movimiento Creo anunciaron ayer que solicitarán la comparecencia de Rommy Vallejo, secretario Nacional de Inteligencia (Senain) a la Asamblea Nacional.

El objetivo es conocer si es que el titular de la entidad conocía sobre este artefacto.

“El hallazgo de una cámara en el despacho levanta varias interrogantes. Si eso le hacen al Presidente, qué está pasando con el resto de ciudadanos”, cuestionó el legislador Fabricio Villamar.

Luego de conocerse el pedido de comparecencia, Vallejo respondió las preguntas que le formuló EL COMERCIO.

Al interrogarle sobre si tenía conocimiento de la instalación de la cámara, se limitó a decir que “las investigaciones están en la Fiscalía y la entidad dará a conocer los resultados”.

Además, explicó que la seguridad física de las instalaciones de la Presidencia y la del Mandatario es responsabilidad del Servicio de Protección Presidencial.

¿En esto no tiene nada que ver la Senain? “No tiene nada que ver”, respondió Vallejo.

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