18 de junio de 2018 00:00

Equipo de la CIDH revisará los documentos del plagio en julio

Los familiares del equipo periodístico estuvieron en la sede de la CIDH, en Washington. Foto: Fundamedios.

Los familiares del equipo periodístico estuvieron en la sede de la CIDH, en Washington. Foto: Fundamedios.

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Redacción El Comercio

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El seguimiento que hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de este Diario comenzará a finales de julio.

La primera tarea será revisar todos los documentos que fueron desclasificados por el Gobierno respecto del manejo del secuestro, y tomar los testimonios de las familias. Para esto, la CIDH conformará un Equipo de Seguimiento Especial: Esmeralda Arosemena, relatora para Ecuador; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión, y Paulo Abrau, secretario ejecutivo de la CIDH. A este grupo se sumarán también delegados de la Secretaría de Medidas Cautelares, de la Secretaría Ejecutiva del organismo y un segundo equipo de expertos independientes, que aún no han sido escogidos.

Estos son los principales resultados de la visita de tres días que realizaron los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín ­Segarra a la sede de la CIDH, en Washington.

En esa cita también participó una delegación del Estado ecuatoriano, presidida por Juan Pablo Morales, subsecretario de Justicia. Entre todos se acordó que la CIDH hará tres visitas entre julio y diciembre y hará otras reuniones de seguimiento en Washington. Los costos de este trabajo los cubrirá el Estado, explicó Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Rivas, quien asistió a la reunión.

En ese viaje, los allegados explicaron que otro de sus propósitos era lograr que Colombia firmara un compromiso a través del cual permita que el Equipo de Seguimiento Especial realice su trabajo de indagación en ese país.

La suscripción de este convenio se dio y, por eso, la CIDH entregó una propuesta de trabajo para que el Gobierno de Colombia la analice, y otorgó un plazo de una semana para que tome una decisión.

Para los familiares, la participación de Colombia es importante, ya que el secuestro de los tres trabajadores ocurrió en el poblado fronterizo de Mataje, el 26 de marzo pasado, y los crímenes se perpetraron en territorio colombiano, a manos de miembros de un grupo disidente de las FARC.

Durante esta fase preparatoria se analizaron también un plan de trabajo general y los objetivos que tendrá el Equipo de Seguimiento. “Tenemos muchas expectativas, porque sentimos que este caso es de muchísima complejidad, que no tiene solo que ver con el secuestro de tres periodistas, sino con un contexto mucho más amplio”, dijo Aguagallo.

Uno de los puntos acordados es que este equipo establezca en un informe los diversos niveles de responsabilidad, no solamente desde el ámbito penal sino de las autoridades públicas ecuatorianas y colombianas, sobre el manejo del secuestro y las negociaciones.

Además, el organismo analizará el contexto en el que se dio el plagio de los periodistas y emitirá recomendaciones para que el Estado ecuatoriano se comprometa a cumplir, explicó Juan Pablo Albán, miembro del grupo de abogados que asesora a las familias. La idea -según él- es que estos hechos no se vuelvan a repetir y los periodistas en el ­futuro cuenten con un instrumento de protección para realizar coberturas en zonas con de alto riesgo, como es la frontera norte.

Para el organismo internacional, la participación de los familiares en la investigación es de “suma importancia”, pues el objetivo final es transparentar las acciones que se tomaron antes, durante y tras el secuestro de los periodistas. Así lo expresó a principio de mes la CIDH, en un escrito dirigido a los familiares, en calidad de peticionarios de las medidas cautelares.

Estas medidas de protección, que fueron otorgadas al equipo periodístico, aún están vigentes y según Albán no se suspenderán porque los cuerpos de los comunicadores no han sido recuperados.

El presidente Lenín Moreno confirmó el asesinato de los tres profesionales el 13 de abril y lo atribuyó a alias ‘Guacho’. Desde entonces, sus restos no aparecen, pese al trabajo de organizaciones como la Cruz Roja Internacional para recuperarlos.

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