Entrevista a Verónica Espinosa, ministra de salud del Ecuador. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
La Asamblea avanza en el análisis del proyecto de Código Orgánico de Salud (COS). El Ministerio de Salud presentó una propuesta, que fue discutida con miembros de red pública y privada y sociedad civil. La titular de la Cartera, Verónica Espinosa, habló sobre algunos puntos que impulsa.
La regulación de la reproducción asistida es un tema controversial. Algunos grupos dicen que abre la posibilidad de que minorías sexuales, como las madres de Satya, opten por ese camino para tener familia. ¿Cuál es su posición?
Este es uno de los temas que no consta en la Ley de Salud vigente. Es algo que ya pasa en el país. La práctica clínica necesita reglas, debemos decir cómo, cuándo, dónde, a quién, enumerar derechos, evitar que se convierta en un negocio o haya trata de quienes son parte de los casos.
¿El Ministerio ha recibido denuncias sobre las clínicas de fertilidad?
Claro que sí. Nos ha sido difícil generar regulaciones para los centros de reproducción asistida. Hubo casos curiosos como la importación de semen para que una mujer pueda hacerse una fertilización. Se interpuso un recurso legal, pero la Ley no nos amparó para resolverlo rápido.
¿Cómo se regula a los centros de fertilización?
Nos hemos amparado en la norma general. Hemos sacado regulaciones para normar la tipología de estos servicios, los estándares de calidad, pero son insuficientes. No podemos sancionar incumplimientos.
¿Simplemente no se ha podido hacer mucho?
Tenemos varias normativas secundarias, pero se vuelven débiles. No hay seguridad y puede resultar peligroso.
¿Se reunirán con estos grupos, especialmente Provida, que son detractores de este y otros temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos?
Las personas del grupo Provida estaban en libertad de presentar sus observaciones y discutir porque aquí no hay verdades absolutas. Una cosa es pararse frente a la cámara y otra cosa es sentarse y escuchar a los otros.
En el proyecto borrador se pide a los médicos atender a las mujeres con un aborto en curso. De este modo, ¿se está abriendo la posibilidad de legalizar el aborto por violación?
Bajo ningún concepto. Respetamos el orden jurídico. El aborto en nuestro país es ilegal salvo lo que dice el Código Orgánico Integral Penal (cuando la salud de la madre está en riesgo y si una mujer con discapacidad se embaraza, producto de violación).
Entonces, ¿qué se está regulando?
Un porcentaje importante de embarazos terminan en abortos involuntarios. Eso no es un delito. Es una condición de salud. Si una mujer llega con un aborto en curso, ¿qué es lo que tiene que hacer el hospital? Salvar su vida. Un aborto es también una emergencia obstétrica. Si no se atiende puede haber una hemorragia y causar la muerte. El médico o la casa de salud no pueden ser jueces.
¿No podría generar otras interpretaciones?
No, la interpretación de una ley en la administración pública no existe.
Otro de los temas polémicos es el acceso de los adolescentes a los métodos anticonceptivos. La asambleísta Poly Ugarte, del PSC, hizo una propuesta contraria a la opción. ¿Cuál es su postura?
La Constitución reconoce a los jóvenes como actores activos y sujetos de derechos. Si se reconoce su capacidad de decidir, ¿por qué no les vamos a permitir hacerlo sobre su salud sexual y reproductiva? Es un tema de ser coherente con la Constitución. Los jóvenes tienen la opción de elegir responsablemente con consejería. La decisión no está en el ámbito de la ley. Es una elección personal.