14 de March de 2015 19:12

María José Troya: 'Es innegable que subirán los precios con las salvaguardias'

Entrevista a María José Troya, Directora Ejecutiva de la Tribuna del Consumidor. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

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César Sosa
Editor (I)

Para María José Troya, Directora Ejecutiva de la Tribuna del Consumidor, la aplicación de sobretasas arancelarias repercutirá en los precios de los productos. Los consumidores deben exigir que no haya acaparamiento y que se garantice la calidad del producto nacional.

¿Qué tiene que decir la Tribuna del Consumidor sobre las salvaguardias que aplicó el Gobierno esta semana?

Toda medida económica de este tipo tiene efectos y perjudica a un sector. Estas medidas perjudican a los consumidores, porque habrá un aumento de los precios. Eso es innegable.

¿Por qué la Tribuna del Consumidor, como un ente de la sociedad civil, no ha participado en el debate sobre medidas que afectan a los consumidores?

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor obliga a que los entes públicos convoquen a representantes de los consumidores cuando se tomen medidas que los afecten. Hay un incumplimiento de la Ley.

Antes del 2008 participábamos en el Concejo de la Calidad, pero la nueva Constitución prohibió la participación mixta en instancias estatales. Todos los sectores de la sociedad civil, gremiales y empresariales fueron retirados, entre ellos nosotros. Quedó un cuerpo consultivo sin capacidad de decisión.

¿El Gobierno se ha convertido en el representante de los consumidores?

Existen instancias del Estado como la dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Industrias o la Defensoría del Pueblo que trabajan con los consumidores. Habría que preguntarles si fueron consultados y qué nivel de participación han tenido. Y si lo han hecho, su actuación pudiera verse limitada porque serían una especie de juez y parte. No hay cabida para tener una visión de la sociedad civil.

Además del efecto en los precios, ¿qué más le preocupa de la salvaguardia?

Que no tenga el resultado esperado si el contrabando está presente. El propósito de esta salvaguardia es evitar la salida de dólares del país, pero los productos de contrabando también se pagan con dólares, lo cual puede terminar neutralizando la medida. Y con el contrabando vienen los riesgos de calidad, garantías, responsabilidad del proveedor, etc.

¿Hay espacio para reclamar cuando se toman medidas de este tipo?

Una vez que se toma una medida así es muy difícil que pueda ser revertida, porque ya se creó una expectativa inflacionaria. De hecho ya existen quejas de que en algunos sitios empezaron a subir los precios. Lo que sí podemos exigir es que haya suficiente provisión de los productos, que no haya acaparamiento, que no haya escasez. También es importante actuar con tranquilidad y evitar una sobredemanda, ya que eso presiona los precios.

¿Cómo se puede proteger el consumidor de los efectos de esta medida?

Puede escoger bienes nacionales que no estén afectados con las salvaguardias, cambiar hábitos alimenticios y, por ejemplo, no consumir frutas importadas. Ecuador tiene la ventaja de ser autosuficiente en alimentos.

En otros productos el problema es la calidad. Habrá que ver si la industria nacional está en capacidad de cubrir el producto importado, y ahí debe intervenir la autoridad. Además del precio hay que exigir la calidad. Los productos que salen al mercado deben cumplir normas INEN.

En la bonanza petrolera hubo voces que advirtieron que la fiesta podía terminar y que era necesario ahorrar. Ahora que llega el ‘paquetazo’ aparecen las quejas. ¿Qué dice eso sobre el consumidor ecuatoriano?

Somos consumidores medios, ni mejores ni peores que en Colombia, Perú o Bolivia. Los chilenos son más exigentes. El ecuatoriano tiene una tendencia a la pasividad, aunque conoce más sus derechos. En el país, los actores sociales se han debilitado y eso tampoco es ajeno a los consumidores.

Bajo ese escenario, ¿los consumidores están protegidos frente a las decisiones que toman las autoridades?

Habría que ver si los ciudadanos estamos protegidos. Las decisiones de política económica nos están afectando, lo cual no es nuevo. Si se revisa la historia del país, cuando se han dado los llamados ‘paquetazos’ los afectados siempre han sido las grandes mayorías.

¿Hay espacio para que la gente pueda expresarse?

Esta medida puede traer consecuencias de carácter económico que mueva a las personas a protestar, como ha ocurrido en el pasado con las alzas en los precios del gas, de los pasajes o la gasolina. No sé si eso suceda ahora. En las redes sociales la gente está inconforme, se está quejando y se pregunta por qué la cuenta la deben pagar los consumidores. Desde la parte social, la propia Constitución plantea el derecho a la resistencia, a la protesta.

La pérdida de libertades en los últimos años no ha generado mucha reacción por parte de los ciudadanos. ¿El alza de precios puede moverlos a protestar, aunque sea como consumidores?

Las mayores reacciones populares en el país han estado vinculadas a temas económicos o han tenido un ingrediente económico. Las alzas de pasajes, alzas de gasolina, etc. Eso mueve mucho a la gente.

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