30 de abril de 2017 00:00

Franklin Ramírez: ‘No todo traspaso de poder trae un cambio de régimen’

Entrevista a Franklin Ramírez, sociólogo y docente de la Flacso. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

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Andrés Jaramillo

¿Se puede hablar de una transición política, cuando el Presidente que sucede pertenece al mismo partido de Gobierno?

Una transición política se juega al menos en tres niveles. Uno tiene que ver con la correlación de fuerzas, los campos de poder, la hegemonía. La transición que estamos viviendo, en este nivel, empezó ya entre 2014 y 2015. Rafael Correa tuvo que dar un paso atrás con la Ley de Herencias. Luego de ocho años de gobierno fue la primera gran decisión política respecto a la cual, a pesar de ser un Presidente fuerte con holgada mayoría en la Asamblea, tuvo que recular. Esto en el marco de la contracción económica y del incremento de la movilización social. La contracción hegemónica de Alianza País era evidente. Aquello se expresó incluso en el hecho de que Correa no haya podido recandidatizarse. Se abre entonces un recambio político que coloca a Lenín Moreno como opción para reflotar al oficialismo en un escenario bastante adverso.

¿En qué otro nivel se da la transición política?

Un segundo nivel tiene que ver con el traspaso de los comandos de gobierno y los protocolos de gestión: todo lo que tiene que ver con información por sectores, agendas de política pública, proyectos, presupuestos, pautas de planificación. Los instrumentos de acción pública se traspasan de unos equipos gubernativos a otros. Esta dinámica está en curso. Correa ya no va a ser presidente. Con Moreno acceden al Poder Ejecutivo otros círculos de confianza y, seguramente, otros modos de gobierno. Aquello acontece aunque ambos sean parte de un mismo partido político.

¿Cuál es el tercer nivel?

El más incierto. La reconfiguración del régimen político. El tipo de relaciones Estado-sociedad establecido en un período determinado. Ahora bien, no todo traspaso de poder conlleva necesariamente una modificación en el régimen político. En el caso de Brasil, Lula llega al poder con la promesa de la reforma política. No la hace. Aunque cambian los bloques de poder, muchas veces las características del régimen no se tocan. En el ciclo que se cierra, el régimen político en Ecuador está condicionado por los diseños constitucionales de Montecristi. Acá viene la duda más espinosa:
¿Lenín Moreno emprenderá alguna reforma política importante con relación a dichos diseños?

¿Qué tipo de reforma?

Lo que ha vivido el país en estas semanas, con la impugnación de los resultados electorales, expresa algo más que el combate entre grupos de poder. Alude a la desconfianza en las instituciones, no solo en el CNE. Y esto está asociado con el copamiento del conjunto de las instituciones públicas desde el oficialismo y con la falta de fluidez en las dinámicas de fiscalización, de rendición de cuentas, de participación social. Ahí está una de las claves del desgaste de la hegemonía de Alianza País, del malestar con el juego político y del creciente anticorreísmo. Dichas prácticas producen la percepción de un agotamiento del régimen político dibujado en Montecristi. Ahí emerge la gran interrogante: ¿Moreno tendrá la apertura política y el buen tino democrático para dibujar una agenda de reformas que recompongan, más allá de la defensa de los intereses generales, la figura republicana del equilibrio de poderes, del control social, del protagonismo popular? Esto parece un imperativo, pero está supeditado a la voluntad política y a la capacidad decisional de los nuevos cuerpos gubernativos.

¿En qué medida tener una mayoría legislativa puede ayudar a consolidar esa transición institucional hacia un nuevo régimen?

En otras latitudes reformas similares han operado a través de consultas populares impulsadas por el Ejecutivo. En este caso, es una ventaja tener una mayoría desde la que se puede procesar una hoja de ruta para encaminar reformas sustantivas. En el Ecuador se habló mucho de esta reforma antes de Montecristi. En ese tiempo ligada al descrédito de la partidocracia, los problemas de fragmentación partidaria. Ahora los problemas institucionales parecen ser otros. No hay esa dispersión partidaria. Hay tres fuerzas políticas importantes que pueden abrir el debate. Los canales legislativos dispararían un proceso que podría implicar cambios constitucionales. Las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto a los procesos de selección de diversas autoridades de control deben ser revisadas. El problema es reconstruir la matriz republicana dibujada en la Constitución y restaurar la confianza en las instituciones. Ese descrédito dio eco a las embusteras tesis del fraude.

¿Cuál es el papel de la oposición en un proceso de transición?

Desde hace algunos años, ciertas fuerzas políticas han llamado la atención sobre la necesidad de revisar los diseños institucionales que facilitan el copamiento partidario de las instituciones políticas. Este puede ser un punto de partida para forjar acuerdos de magnitud en un plazo relativamente corto. Las vigentes condiciones políticas son mejores que las que pudo tener Lasso si llegaba al poder.

¿Por qué?

Guillermo Lasso habría tenido que llamar a consulta popular. Habló incluso de Asamblea Constituyente. Aquello volvía más incierta la reforma pues el anclaje popular de AP es aún importante. Para emprender un proceso de ese tipo se necesitan alianzas amplias, bases de movilización, redes de apoyo, que el candidato opositor apenas empezaba a configurar. Incluso el respaldo de Nebot fue siempre endeble. Las condiciones políticas realmente existentes señalan que está en Alianza País la responsabilidad histórica de procesar esta cuestión no solo pensando en su gobernabilidad, sino en la vitalidad democrática del país.

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