15 de junio de 2017 00:00

Entrega de contratos a familiares de autoridades de Etapa se indaga

La ampliación de la planta de Tixán busca aumentar la producción de agua potable a 1 940 litros por segundo y abastecer a 549 646 habitantes. Foto: Xavier Caivinagua/PARA EL COMERCIO

La ampliación de la planta de Tixán busca aumentar la producción de agua potable a 1 940 litros por segundo y abastecer a 549 646 habitantes. Foto: Xavier Caivinagua/PARA EL COMERCIO

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Lineida Castillo
Redactora (I)
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La adjudicación de dos contratos firmados este 2017 por los ejecutivos de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (Etapa) son investigados por la Fiscalía de Azuay. Ambos suman un monto de USD 18,6 millones sin IVA.

Tres funcionarios y dos contratistas están involucrados, tras la denuncia presentada en marzo por Santiago Vázquez, director del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), ante la Fiscalía de Azuay. Esta entidad investiga los contratos para la ampliación de la planta de agua potable de Tixán y para la conducción de agua cruda entre Saymirín y Tixán.

El pasado 4 de mayo, el concejal, Cristian Zamora, quien es parte de la Comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal, también habló de supuestas irregularidades en la adjudicación de estos contratos.

Él detectó cuatro inconsistencias en la oferta adjudicada. Mientras que la Fiscalía se centró en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Allí, se fija la prohibición a funcionarios o empleados de intervenir en la etapa precontractual o contractual que con su acción u omisión favorecen a cónyuges o parientes...

Según el fiscal, Paúl Vásquez, en la indagación se determinó que los dueños de la empresa ganadora de la licitación para ampliar la planta de Tixán son familiares (tío y primo) del Gerente de Agua Potable de la empresa Etapa. Esta obra fue adjudicada por USD 9,6 millones sin IVA.

El segundo contrato investigado se firmó con otro consorcio para que se encargue de la conducción de agua cruda desde Saymirín hasta Tixán, rehabilitación del canal y construcción del interceptor del río. Fue adjudicado el 4 de mayo por USD 9 millones sin IVA.

Pero el 7 de este mes, el Gerente General de Etapa notificó al ganador la terminación anticipada y unilateral del contrato. Ese documento obtenido por la concejal cuencana, Dora Ordóñez, señala que “dentro del proceso se incurrió en un error u omisión de buena fe, detectado recientemente, que inhabilita y ocasiona la nulidad del proceso por la relación de parentesco entre un funcionario y uno de los consorciados (primos-hermanos)”.

Los representantes de esta empresa tienen 10 días hábiles para apelar esta decisión, señaló el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera. La Fiscalía no se pronuncia sobre este contrato porque está en indagación.

El fiscal Vásquez dijo sin dar detalles que existen otros proyectos adjudicados que serán analizados.
Por el contrato de la ampliación de Tixán, el juez de Garantías Penales de Cuenca, José Peralta, tras la audiencia de formulación de cargos, dictaminó el lunes pasado la prisión preventiva y prohibición de salida del país para el Gerente General de Etapa.

Esa misma noche, él fue detenido en el aeropuerto de Guayaquil.
También, dispuso que el Gerente de Agua Potable y el Subgerente de Infraestructura de Etapa se presenten cada 15 días ante la Fiscalía. Además, no pueden salir del país ni enajenar sus bienes.

Esas mismas medidas se ordenaron para dos contratistas de Tixán.
Juan Carlos Salazar, abogado defensor del Gerente General y del Subgerente de Infraestructura de Etapa, en los 90 días que durará la indagación reunirá todos los elementos de descargo “porque mis defendidos son inocentes”.

Según él,el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal establece que el tráfico de influencia es un delito de acción. “El Gerente General no pudo influir mediante una omisión, que es el delito del que se lo acusa”.

El abogado Jorge Morales asesoró inicialmente en la defensa de los funcionarios de Etapa. Según él, el Gerente General no intervino en el proceso precontractual ni contractual, por lo que no hay ilícito. “Es investigado porque pretendía salir del país, pero no está implicado en el tráfico de influencia”.

El 1 de junio, los miembros de las comisiones de Fiscalización y Obras Públicas del Concejo Cantonal analizaron ambos contratos y resolvieron que hoy remitirán la documentación a la Contraloría y Procuraduría para su revisión y si existen ilegalidades se pronuncien a la terminación o no de los contratos, dijo Ordóñez.

En contexto
Las obras adjudicadas tienen inconsistencias y un sinnúmero de irregularidades, según denuncias de la Comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal. Un juez ordenó la prisión del gerente de la empresa y medidas cautelares para otros dos funcionarios.

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