6 de julio de 2016 00:00

15 entidades públicas cerraron, fueron fusionadas o absorbidas

La Empresa Pública Enfarma entró en proceso de liquidación el viernes. Debía construirse en terrenos de Yachay. Foto: Cortesía Flickr de Enfarma

La Empresa Pública Enfarma entró en proceso de liquidación el 1 de julio. Debía construirse en terrenos de Yachay. Foto: Cortesía Flickr de Enfarma

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Varias Redacciones (I)

Fue una buena idea que, en la práctica, no funcionó. Así explicó, el 5 de julio, el presidente Rafael Correa el cierre de la Empresa Pública Enfarma. Argumentó que no se cumplió el objetivo y que el Servicio de Compras Públicas podía hacerse cargo de la compra de medicamentos; además que se impulsarán las alianzas público-privadas en el sector, en lugar de una empresa puramente pública.

Enfarma, creada en diciembre del 2009, entró en proceso de liquidación el 1 de julio pasado, tras la firma del Decreto Ejecutivo 1103, con un plazo de 90 días. Según su rendición de cuentas, el 2015 ejecutó el 25% de su presupuesto, que sobrepasaba los USD 73 millones. Terminó con un patrimonio neto de USD 11 millones.

Esta es una de las seis instituciones que, en el reciente Informe a la Nación, fueron condenadas a desaparecer. La Secretaría de Nacional de Planificación (Senplades) confirmó a EL COMERCIO que, entre marzo del 2015 y junio pasado ya se eliminaron y fusionaron 15. Esto, como parte del proceso de optimización del Estado.

Pero según los reportes del mismo Presidente, mostrados en las sabatinas, la cifra es mayor (al menos unas 20).

Según Senplades, la optimización no se enfoca únicamente en el ahorro de recursos económicos, sino también en el fortalecimiento de las necesidades sectoriales y de la eficiencia de la gestión.

Para Mónica Hidalgo, especialista en Gestión Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), toda optimización depende del modelo de gestión. Destaca que la clave es que las empresas públicas sean socialmente rentables y sustentables y que no haya un choque de funciones con las entidades ya existentes.

El presidente Correa comentó, el 24 de mayo, que “la austeridad, la mejor asignación de los recursos para evitar el despilfarro, no solo ha sido un esfuerzo continuo sino una obsesión de nuestro Gobierno”.

Pero no todos los casos implican ahorro. Entre las instituciones que serían eliminadas consta, por ejemplo, el Instituto Nacional de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, que nunca llegó a concretarse.

Julio Saransig estuvo involucrado en el proyecto de su creación, desde el 2011. Comenta que el Instituto nunca llegó a funcionar, que se trabajaba sin salarios, bajo el concepto de la ‘minga’, pese a que en los dos primeros años sí hubo una asignación presupuestaria. Y lamenta que nunca se haya concretado.

Otro caso es el de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, bajo la rectoría del Ministerio Coordinador de la Producción. Esta entidad no dio detalles sobre la Secretaría y tampoco existe en la Web.

El director del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu, indicó que ni siquiera conocía de su existencia. Por eso el dirigente gremial cree que, pese a que se anuncia un recorte de entidades en el Estado, muchos funcionarios son trasladados a otras dependencias, por lo que no hay un achicamiento real.

Senplades rebate este argumento indicando que el 97% de crecimiento de servidores públicos, hasta diciembre de 2015, fue en policías, médicos, jueces y maestros.

Hidalgo explica que en cada caso, el cierre de las instituciones es distinto, pero que la regla suele ser separar al personal técnico y administrativo. Si se requiere mantener solamente a los funcionarios agregadores de valor se optará por aquellos que serán útiles dentro del Estado.

En el caso de las empresas públicas está, por ejemplo, el de Coca-Codo Sinclair EP, que ya fue disuelta. Su objetivo fue la construcción de la hidroeléctrica y al entrar en su etapa final de construcción fue absorbida por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y redujo su personal. Según su página web, Celec incorporó a su planta a 200 funcionarios de la exempresa pública, que ya había desvinculado a 108 durante el avance del proyecto.

Hay casos, como el de la Secretaría Técnica de Transparencia de Gestión, que pasan por su segunda fusión. Fue creada en diciembre del 2008,en mayo del 2013 se fusionó con la Secretaría de la Administración (SNAP), se separó en septiembre del 2015 y en abril pasado se decretó su supresión. Allí solo se establecíaque los expedientes sobre materias sujetas a control de la Controlaría pasarán a esta institución.

Hidalgo recuerda que ahora también existe una empresa pública Coordinadora de Empresas Públicas, para recabar información sobre cuáles son rentables y qué han logrado. Pero la responsabilidad de la optimización en el Ejecutivo también recae sobre la SNAP.

De todas formas, la especialista advierte que no se puede hablar de ahorro para el Estado, ni de crecimiento exagerado, mientras no hayan transcurrido cinco años, según los estándares internacionales, para evaluar los resultados después de su cierre o creación.

El ahorro o el costo no solo es económico, sino también de impacto social. Y, precisamente, uno de los más criticados fue el fin de la Secretaría Técnica de Discapacidades.

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