2 de diciembre de 2015 09:50

El oficialismo entra en vigilia para apoyar las 16 enmiendas

El legislador Juan Carlos Cassinelli (foto), volverá a ser el ponente dentro del debate del Pleno. Foto: EL COMERCIO

El legislador Juan Carlos Cassinelli (foto), volverá a ser el ponente dentro del debate del Pleno. Foto: EL COMERCIO

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Paúl Zamora

Alianza País (AP) y la Coordinadora de Movimientos Sociales activaron desde la mañana de ayer sus asambleas a escala nacional, con el propósito de apoyar las enmiendas a la Constitución. La voz de alerta la dio la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien oficializó que mañana el Pleno debatirá las 16 modificaciones a la Carta Política, que serán aprobadas ese mismo día.

El oficialismo tiene garantizado 99 de los 92 votos necesarios para aprobar en paquete las 16 enmiendas. Por ello, la batalla será, más que todo, simbólica y los alrededores de la sede legislativa acogerán a miles de simpatizantes del oficialismo.

Rodrigo Collahuazo, presi-dente de la Coordinadora de Movimientos Sociales y asambleísta alterno, ratificó que “miles de militantes” ocuparán las barras altas del Pleno; las plazas delantera y posterior del Palacio Legislativo. También irán a la Plaza Grande para “evitar cualquier tipo de desestabilización”.

Estos colectivos realizarán una vigilia permanente y se instalarán allí desde esta noche. En la plaza se sumarán mañana rostros conocidos como el del vicepresidente Jorge Glas, la secretaria de AP, Doris Soliz, y otros funcionarios del Ejecutivo.

El día del segundo debate, Alianza País aspira llegar con un movimiento fortalecido y con una postura unificada al Pleno.

Hoy habrá un taller entre los 99 legisladores oficialistas y sus alternos con el objetivo de definir las intervenciones así como garantizar la votación. La cita es en el Hotel Quito, a las 09:30, y tendrá el carácter de reservada.

El titular de la Comisión Ocasional de Enmiendas, Juan Carlos Cassinelli, estará facultado para recoger las observaciones sobre el proyecto que presenten los parlamentarios. Y, aunque la sesión fue convocada para las 07:00, la lectura del informe llevará alrededor de cinco horas y el debate iniciaría recién a partir de mediodía.

Los legisladores opositores también preparan sus discursos, y pese a que reconocen su minoría y la imposibilidad de que sus criterios incidan, insistirán en sus críticas. Coinciden en que la aprobación, lejos de ampliar derechos de los ciudadanos, los restringirá y que entrará en vigencia un nuevo sistema de modelo político.

El bloque de Creo ratificará que la enmienda no es procedente y que luego de su aprobación debe ser archivada. Patricio Donoso cuestionará que la aprobación se dé en plenas fiestas de Quito y lo calificó como un “cálculo político”. Luis Fernando Torres, por su parte, cuestionará la comunicación como servicio público.

Pachakutik insistirá en que las enmiendas allanan el camino para una “dictadura” y una “Constitución que elimine los derechos democráticos”. Magally Orellana reconoció que si bien son minoría en el Pleno, lo que les queda para reclamar sus derechos serán las calles.

Alternancia

El oficialismo insiste en que la enmienda relacionada con la reelección indefinida de las autoridades de elección popular está pensada desde la ampliación de los derechos de participación ciudadana-electoral así como la posibilidad de que sean los propios ciudadanos quienes escojan a sus mandantes.
Opositores alertan que este cambio en la Carta Magna, al no ir de la mano de un refuerzo al sistema de control de gasto electoral, rompe con los derechos a la igualdad dentro de un proceso electoral y crea un escenario electoral inequitativo, que es antidemocrático.

Contratación colectiva

El debate se da sobre el derecho a la estabilidad laboral y la contratación colectiva, que actualmente se garantizan en el Código del Trabajo. Para el Frente Unitario de Trabajadores la intención es pasar a los trabajadores del sector público hacia la Losep y eso significaría una regresión de derechos: no se puede hablar de huelga y sindicalización sin contrato colectivo. Para el oficialismo se trata de garantizar el derecho a la igualdad laboral y prometieron una reforma a la Losep para garantizar la huelga y los sindicatos. Sin embargo, el FUT critica que dicha reforma se materialice en 180 días.

Participación

Opositores alertan que el derecho a la participación ciudadana y a la toma de decisiones se vería afectada si la Asamblea Nacional aprueba la enmienda relacionada con las consultas populares. Con esta propuesta, el oficialismo busca que los Gobiernos Autónomos Descentralizados puedan convocar a consulta para temas que sean inherentes a sus respectivas jurisdicciones y no sobre ámbitos que no son de sus competencias.
Otros grupos de la sociedad civil han alertado que ese cambios en la Carta Magna implicaría un retroceso en el derecho, que eso solo se puede hacer vía Asamblea Constituyente.

Libertad de expresión

El oficialismo argumenta que la enmienda alrededor de la comunicación como servicio público garantizará, tanto a los ciudadanos como a los medios de comunicación, el ejercicio pleno de los derechos a la comunicación con calidad. Pero los opositores advierten que se está constitucionalizando que la comunicación deje de ser un derecho y sea un servicio.
Aseguran que eso es un grave retroceso de la garantía del derecho humano a la libertad de expresión y de libre información, pues se le da al Estado la potestad de determinar las condiciones e incluso el contenido que pudieren emitir los medios.

En contexto

El 2 de diciembre del 2014 el Pleno de la Asamblea concluyó el primer debate del proyecto de enmien-das constitucionales. La jornada se prolongó por 14 horas y los criterios sobre la ampliación de derechos estuvieron divididos.

Las 16 propuestas de Enmienda Constitucional de la Asamblea Nacional:

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