6 de marzo de 2018 00:00

Enjuiciados por el 30-S exigen una investigación imparcial

Ayer, 5 de marzo del 2018, el Frente 30-S se concentró en la Plaza Grande. Pidió al presidente Lenín Moreno que escuche los casos. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Ayer, 5 de marzo del 2018, el Frente 30-S se concentró en la Plaza Grande. Pidió al presidente Lenín Moreno que escuche los casos. Fotos: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Javier Ortega

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Son las 17:00 del domingo. Lenín Lalaleo está por cerrar el negocio informal que administra desde hace cuatro años en el parque de Solanda, en el sur de Quito. Todos los fines de semana alquila carros a los niños del barrio. Dice no ser “terrorista ni saboteador”, pero la Función Judicial consideró que sí.

Él es uno de los 70 soldados de la FAE procesados por la protesta en la Base Aérea de Quito, el 30 de septiembre del 2010. Fue sentenciado a un año de cárcel el 2014. Desde entonces el caso ha pasado por jueces provinciales y nacionales, pero aún no hay un fallo final.

Lalaleo admite que participó en la manifestación, pero aclaró que no atentó contra los bienes ni la seguridad de funcionarios públicos. “Fue una protesta de carácter laboral”.

Los uniformados –todos con medidas alternativas a la prisión- esperan la audiencia de casación, la última instancia antes de conocer si el fallo queda en firme y son encerrados.

“Si vamos a la cárcel que sea con un juicio imparcial; con pruebas no manipuladas. El proceso debería anularse por todo lo que ha pasado en estos días”, dice el militar en retiro.

Se refiere a las declaraciones que hizo el excontralor Carlos Pólit, el 18 de febrero pasado.

Desde Miami, donde está prófugo, aseguró que la Comisión 30-S contrató servicios de edición para manipular fotos y videos donde aparecen militares y policías aquel día. Eso sirvió para procesarlos, dijo.

Ayer, 5 de marzo del 2018, el Frente 30-S se concentró en la Plaza Grande. Pidió al presidente Lenín Moreno que escuche los casos. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

Mi hijo se entregó voluntariamente. Como no hizo nada, creyó que saldría
libre. Está preso 5 años”. María Laso, madre de expolicía.  


Esas declaraciones, de hace 16 días, desataron una serie de reacciones de los uniformados involucrados. El 20 de febrero exigieron al Gobierno que se active una comisión para que indague los hechos. Un día después presentaron una denuncia por posible fraude procesal contra Carlos Baca, expresidente de la Comisión 30-S, y actual fiscal General.

Hace tres días se concentraron en un coliseo de Quito para exponer las “irregularidades” de los casos. El evento fue organizado por el Frente 30-S, un grupo que alberga a unos 400 uniformados. A nivel político, exigen amnistías, y en lo judicial, que los procesos se anulen y que se indague nuevamente, de forma imparcial.

Baca, el más señalado por su papel al frente de la Comisión 30-S, respondió el 28 de febrero pasado. Dijo que esa delegación “nunca presentó escritos, audios o videos” a la Fiscalía para que se los judicializara.

“A la fecha que se procesaron los distintos casos, porque son más de 60 en el país, yo no era fiscal. La Comisión no intervino judicialmente”, aclaró.

Él y otros dos comisionados entregaron un informe de 245 páginas, en las que señalan a políticos, como supuestos instigadores de lo que ellos denominaban “golpe blando”.

Además, criticaron la investigación, porque “hubo ausencia del control de la escena del crimen por parte de la Fiscalía e inacción de la PJ”, según el informe de la Comisión.

“El 30-S nos estigmatizó. No podemos trabajar debido a las sentencias.  No somos delincuentes”. Lenín Lalaleo,  militar retirado. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

“El 30-S nos estigmatizó. No podemos trabajar debido a las sentencias. No somos delincuentes”. Lenín Lalaleo, militar retirado.  


Ahora, debido a su paso por esa Comisión y su función como Fiscal General, el Frente 30-S considera que Baca es juez y parte. María Chicaiza es madre de Milton Hinojosa, un policía condenado a tres años de cárcel por rebelión.

Desde el 2016, su hijo no ejerce la profesión. La institución policial le pidió que arreglara sus asuntos judiciales antes de volver. Ahora pasa en casa, cuidando a sus tres hijos; dos de ellos con discapacidad del 80% y 51%. Su esposa trabaja en Ibarra y sustenta el hogar.

Chicaiza recuerda que el 30-S su hijo se presentó a las 13:00 en la central de la radiopatrulla, donde laboraba. El agente debía cumplir su turno a las 19:00, pero dejó la unidad a las dos horas, por los destrozos que encontró en todo el lugar.

Dice que en su hogar observó por la TV lo que ocurría en el Regimiento Quito. “El dueño de la casa estaba dispuesto a declarar eso, pero no se lo tomó en cuenta”, asegura la madre.

A diferencia del Lalaleo, Hinojosa ya agotó las instancias judiciales y ahora solo espera que la sentencia se ejecute y emitan la boleta de captura.

La última información oficial de la Fiscalía advierte que entre el 2010 y febrero del 2017, 298 personas fueron procesadas por intento de asesinato y secuestro del Presidente; homicidio, rebelión, sabotaje, etc.

Ayer, 5 de marzo del 2018, en la Plaza Grande, el Frente 30-S se volvió a concentrar. Allí estuvo Nelson Puentestar. El expolicía lleva alojado una bala en su columna.

Junto a su abogado presentaron una denuncia por intento de asesinato y delitos de lesa humanidad. El caso está en indagación previa, en la Fiscalía.

A la Plaza Grande también acudieron el exagente Newton Escobar; Beatriz Montalvo, madre del expolicía Joffre Lascano, condenado a un año y medio de cárcel; Alfonso Jetacama, María Laso y José Mullo, padres de tres exuniformados condenados a 12 años. Todos exigen investigaciones imparciales o la “inmediata libertad”.

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