27 de abril de 2018 00:00

USD 108,4 millones, para vías y movilidad en Quito

Una parte del préstamo se destinará a la consolidación del parque Bicentenario, en el exaeropuerto de Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Una parte del préstamo se destinará a la consolidación del parque Bicentenario, en el exaeropuerto de Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome
njacome@elcomercio.com

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No estaban planificadas grandes obras en la capital para este 2018. El recorte presupuestario del Municipio se veía reflejado sobre todo en la obra pública.

Sin embargo, hoy se cuenta con USD 134,3 millones para invertir.

El dinero vendrá de una deuda por parte del Cabildo, que el Concejo Metropolitano aprobó en febrero pasado y que desató opiniones divididas puertas adentro de la institución.

Es un préstamo a 30 años con la firma Lance Capital First Sustainable, al 6,5% de interés. Los USD 134,3 millones que recibirá la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas se invertirán básicamente en cuatro ámbitos: espacio público, gestión de tráfico, sistema de transporte público y rehabilitación vial y conectividad. Estas dos últimas son las que más inversión se llevan: USD 108,4 millones.

En lo que tiene que ver con espacio público, se trabajará en la construcción y consolidación del parque Bicentenario, donde -hasta febrero del 2013- funcionó el aeropuerto de Quito. El lugar fue habilitado como parque, pero no está terminado. Con parte del préstamo se conformarán desniveles, zonas deportivas y más.

Se invertirá en la construcción de obra civil del parque Carollo (sur), y en los bulevares Michelena, plaza Atahualpa y Comité del Pueblo.

Ese dinero también servirá para intervenir en el espacio público de Pifo y de La Argelia, así como en iluminación y mejoras de parques. Todo por una suma de USD 23 millones.

En cuanto a gestión de tráfico, se realizará la implementación de la fase 1 de la infraestructura ciclística sur, lo que contempla la construcción de 38,8 km. Y la señalización vial, semaforización, pintura, etc., por USD 2,9 millones.

La mayor parte del préstamo se destinará a obras relacionadas con rehabilitación vial, lo que incluye intervención en 116,63 km de vías y una inversión de USD 54,8 millones. Se construirán la avenida Ilaló y el puente La Marquesa, sobre el río Monjas, en Pomasqui.

Finalmente, dentro de la categoría de transporte público se financiarán las obras complementarias de la prolongación de la Simón Bolívar (iluminación, etc.), se intervendrán 12 km de aceras en corredores principales, y se construirán puentes peatonales.

Se tiene previsto rehabilitar las calzadas exclusivas tanto del Trolebús como de la Ecovía, con USD 53,6 millones.

Para Joselo Bastidas, analista en obra pública, el problema del préstamo no es la magnitud de las obras, sino el endeudamiento que se genera a finales del período del gobierno.

Señala que obras pequeñas como parques, vías de acceso, iluminación, ingresos a barrios... generan impacto positivo, en especial en sectores que no siempre se benefician con grandes obras como intercambiadores. Asegura que a las puertas de nuevas elecciones y de una nueva administración, la deuda limitaría el desempeño del gobierno local entrante, ya que tendría que pagar un préstamo que pidió e invirtió la Alcaldía anterior.

Para Vicente Albornoz, decano de Economía y Negocios de la UDLA, hay otro aspecto preocupante. Explica que el Gobierno nacional está más endeudado de lo que debería, más de lo que la Ley le permite.

Se debería analizar -dice- si los municipios pueden seguir endeudándose en ese tipo de préstamos que requieren garantía del Gobierno central.

Según Marco Ponce, miembro de SUMA, las obras pequeñas en los barrios normalmente se relegan, porque tienen rentabilidad política baja, pero el impacto en la ciudadanía es alto. Asegura que el préstamo tal y cual se lo presentó es racional, pero hay que vigilar su ejecución para que se invierta en lo que se propuso.

Mario Guayasamín, concejal de AP, asegura que su bloque fue crítico porque planear un endeudamiento de ese nivel poco tiempo antes de finalizar el período tiene fines electorales y porque la empresa ha demostrado poca eficiencia en el gasto. Además, es inestable. “El Alcalde debería renunciar a usar esos fondos”, finaliza.

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