7 de octubre del 2016 00:00

Empresas que ofertan seguro de salud privado analizan un ajuste de precios

William Garzón (izq.), titular de la Comisión de Salud presidió la sesión en la que legisladores se allanaron al veto. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

William Garzón (izq.), titular de la Comisión de Salud presidió la sesión en la que legisladores se allanaron al veto. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Sofía Ramírez
Redactora (I)
sramirez@elcomercio.com

Las empresas que ofertan pólizas de asistencia médica analizan ajustes a las tarifas ante la inminente aprobación de la Ley de Medicina Prepagada.

Ayer, la Comisión de Salud se allanó al veto presidencial enviado por el Ejecutivo a inicios de septiembre pasado. Solo falta la aprobación final en el Pleno de la Asamblea.

Entre los cambios que planteó el Ejecutivo, el punto polémico es la propuesta que obliga a las empresas de este segmento a reembolsar al IESS y al Ministerio de Salud Pública cuando los afiliados que tengan seguros privados acudan a la red pública de salud.

Por ejemplo, si una persona tiene un seguro privado que le cubre hasta USD 5 000 y opta por un hospital del IESS para realizarse una operación que cuesta 15 000, la empresa de medicina prepagada deberá reembolsar al Seguro Social los 5 000 de la póliza menos el valor del deducible.

William Garzón, presidente de la Comisión de Salud, defendió ayer la propuesta. El legislador dijo que debe considerarse como una “corresponsabilidad” de las empresas privadas con el afiliado que paga al mes un plan. “La firma tiene la obligación de cubrir todas sus necesidades”.

Para Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano y vocero de estas empresas, la consecuencia de la ley es un incremento de precios en las pólizas que pagan los asegurados.

El valor de siniestralidad del sector, es decir, lo que pagan por efectos de cobertura médica a sus afiliados al año suma unos USD 290 millones, monto que aumentará si se suma lo que ahora las empresas deben reembolsar a la red pública.

“Es obvio que la única solución es subir los precios. Esto va a traducirse en un nuevo impuesto para la gente, que tendrá que pagar más por una póliza de medicina prepagada”.

Aspiazu dijo conocer que algunas empresas –no mencionó cuáles- ya están enviando comunicaciones para informar de un aumento de precios, mientras otras están haciendo proyecciones financieras.

“Las empresas analizan, además, la base legal de la medida. El artículo 371 de la Constitución señala que la seguridad social se financia con aportes de los afiliados, empleadores y del Estado”, dijo Aspiazu.

El IESS calcula que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada tendrán que reembolsarle unos USD 70 millones al año.

Pero esta medida generaría un hueco financiero a las empresas por USD 63 millones al año, según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada. El monto puede ser mayor, ya que todavía no se calcula el monto que debieran reembolsar al Ministerio de Salud, según el titular del CEE.

Pablo Albuja, gerente de la firma Humana, dijo que posterior al tratamiento final de la ley en el Pleno, previsto para el martes de la próxima semana, el Directorio de esta empresa se reunirá para evaluar el impacto y “tomar decisiones”.

Aunque aún es difícil cuantificar el impacto, un cálculo preliminar de esta firma proyecta que el aumento de precios sería de, al menos, el 40%, pero aún falta hacer estudios. “Es innegable que va a haber un incremento de tarifas”.

Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), prefirió no pronunciarse hasta que la ley sea publicada en el Registro Oficial y se emita el reglamento.

El reembolso que contempla la Ley, sin embargo, no le impacta de manera considerable a la aseguradora Bupa, debido a que su cartera se concentra principalmente en pólizas individuales, dijo Leopoldo López, gerente de esta firma.

Ahora, la ampliación de cobertura a personas de la tercera edad y con enfermedades catastróficas, como plantea el proyecto de ley, sí podría generar ajustes en sus tarifas; tema que se analizará una vez se apruebe la normativa.

Santiago Tarré, gerente General de la firma Best Doctors, informó que está revisando la contratación de actuarios para aplicar las normas técnicas y así fijar las tarifas de ser el caso. Su cartera también se concentra en clientes individuales.

Pero la ley traerá consigo no solo un eventual ajuste tarifario sino un impacto en el tamaño del mercado. La empresa Salud S.A. anunció estos días la decisión de dejar el segmento corporativo, donde tiene 170 000 contratos, pues el reembolso sube el riesgo del negocio en ese segmento.

Los puntos claves del proyecto de ley


Preexistencias. En los contratos individuales, las preexistencias debidamente declaradas tendrán una cobertura anual equivalente a 20 salarios básicos. Deben pasar dos años para acceder a esa cobertura.

Prohibiciones. Las compañías no pueden negarse a celebrar contratos o renovarlos por razón de enfermedades preexistentes, condición o estado actual de salud, sexo, identidad de género o edad.

Capital. Las compañías del sector deberán contar con un capital mínimo, suscrito y pagado, de un millón de dólares. La Superintendencia de Compañías y Seguros, mediante resolución, podrá incrementar el valor.

Modalidad. Hay tres tipos de coberturas: la abierta, en la que el usuario se atenderá en centros no vinculados con las firmas; la cerrada, con la cual recibirá atención en clínicas relacionadas con las firmas, y la mixta.

Precios. Los valores que se fijen en los contratos deberán guardar conformidad con las notas técnicas y estudios actuariales aprobados por la Superintendencia de Compañías, y el soporte técnico de la Autoridad Sanitaria.

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