Redacción Negocios
La creación de una decena de empresas públicas, que desde el próximo 16 de abril deberán empezar a operar bajo la Ley de Empresas Públicas, genera reacciones contrapuestas en algunos sectores.
Para Miguel García, presidente de la Asociación de Servidores Públicos del Ecuador, la entrada en vigencia de la Ley se reflejará en una serie de despidos.
Las fusiones de las empresas “generarán la salida de mucha gente, porque ya no podrá haber dos personas que ocupen el mismo puesto, por ejemplo”. Y la creación de nuevas empresas se hará bajo su propia estructura; no entrarán otros empleados públicos. “Los servidores más afectados serán los del área administrativa; los técnicos no. A esto hay que añadir que en abril se debatirá la Ley Orgánica del Servicio Público. Saldrá mucha gente”.
Para el analista Jorge Villamarín, en cambio, la creación de empresas públicas generará un desequilibrio en el mercado. Al ser el Estado un actor importante, la balanza puede desequilibrarse en contra de las empresas privadas. “Las entidades públicas tendrán ciertos beneficios como los tributarios, que terminan por convertirlas en competencia desleal, al no haber las mismas oportunidades para todos”.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), para que las empresas públicas entren en el proceso deberán, “en un plazo máximo de 60 días, presentar la declaración de todas las obligaciones tributarias pendientes de la sociedad que se extingue, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo fiscal para la declaración de dichos impuestos y, de ser el caso, efectuar el pago de los impuestos correspondientes”.
Sin embargo, para el catedrático estadounidense Samuel Herbert, quien estuvo de paso por Ecuador hace varios días dictando talleres, la creación de las empresas públicas puede ser un buen detonante para reactivar una actividad productiva.
“Si la herramienta se utiliza desde un punto de vista de regulador justo, los conflictos pueden atenuarse y todos los actores del sector podrían navegar en el mismo rumbo. Caso contrario puede ser un búmeran, ya que podrían unirse para protestar contra las acciones estatales”.