19 de febrero del 2016 00:00

Empresarios y trabajadores alistan propuestas

Los empresarios participaron ayer en un seminario sobre las APP. Los sindicatos se reunieron el sábado para analizar las reformas. Fotos: Alfredo Lagla y Eduardo Terán / EL COMERCIO

Los empresarios participaron ayer en un seminario sobre las APP. Los sindicatos se reunieron el sábado para analizar las reformas. Fotos: Alfredo Lagla y Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Carolina Enríquez
Redactora
cenriquez@elcomercio.com (I)

Empresarios y sindicatos tienen propuestas que esperan sean incluidas dentro del proyecto reformatorio del Código de Trabajo. Una vez que termine la vacancia legislativa, el proyecto será remitido a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Previo a ello, sin embargo, se harán los ajustes necesarios.

Durante estos días, el Ministro de Trabajo ha mantenido reuniones con varios sectores para analizar las propuestas de reforma. Ayer, según Vinicio Alvarado, ministro Coordinador de la Producción, se realizó una reunión para dar los ajustes finales al proyecto.

Estas declaraciones las hizo ayer previo al seminario de “Alianzas público privadas y su aplicación como alternativa de desarrollo”. Allí también estuvieron dirigentes del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), organizadores del acto.

Richard Martínez, presidente de este gremio, indicó que el sector privado analiza propuestas nuevas y modificaciones a la reformas planteadas por el Gobierno.

Una de ellas es revisar la eliminación del contrato a plazo fijo, que se aprobó el año pasado con la Ley de Justicia laboral. El CEE está por terminar un estudio sobre los impactos de esta decisión.

Otra está vinculada con esquemas procesales en materia laboral que se aprobaron en el Código de Procesos.

En cuanto a los ajustes a las propuestas de reforma hechas por el Régimen, los empresarios consideran, por ejemplo, que no debe aplicarse la figura del paro parcial, que permite la reducción de la jornada laboral hasta en un 50% para las empresas en crisis.

La idea es que se defina otro mecanismo administrativo para bajar las horas de trabajo. Esto porque la aplicación de dicha figura sería engorroso. “Estamos desarrollando un nuevo proceso, más rápido, para acogerse a la iniciativa”.

Mientras que Roberto Aspiazu, director del CEE, explicó que con relación al empleo joven y pasantías faltan mayores atractivos para la generación de nuevos puestos. “En el segmento de los jóvenes el desempleo es cuatro veces mayor que el del total de la población”.

Este y otros planteamientos se presentarán a los agremiados y, de haber una propuesta de consenso, esta se entregará en la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), prevista para la próxima semana.

Los sindicatos también quieren presentar propuestas a las autoridades. Fernando Ibarra, integrante de esta entidad, indicó que si se plantean reformas es necesario también que existan sindicatos en las firmas para poder negociar temas como el paro parcial.

Asimismo, considera que previo a cualquier acuerdo entre empresarios y trabajadores es necesario que exista el respectivo contrato colectivo.

En esa instancia, dijo, se podría determinar los mecanismos de reparación a los empleados por la reducción de las horas de trabajo y del salario. “Podrían ir desde la reparación (en valores) por las horas que se dejaron de percibir o mayor porcentaje de participación en las utilidades”, manifestó.

Asimismo, espera que se conforme un equipo técnico en las empresas para que, en conjunto con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Trabajo, se pueda determinar la real situación económica de las firmas.

Las organizaciones que forman parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), por su parte, indicaron que no tienen nada que plantear directamente porque durante los últimos meses han venido presentando ideas anticrisis.

Una de ellas es la creación de un frente tripartito para analizar aspectos laborales. Además, exigir a los bancos que rebajen los intereses para financiamiento de actividades productivas, atracción de la inversión nacional y extranjera, reforma agraria para que se generen fuentes de trabajo en el campo y se evite la migración.

Mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a través de Liliana Durán, vicepresidenta de esta organización, explicó que están trabajando en una propuesta que la presentarán al Ejecutivo y al Ministro de Trabajo. Para ello recogerán insumos de diferentes sectores del país.

El Gobierno asegura que el proyecto de ley está perfeccionándose, incluida la propuesta de seguro de desempleo. Ayer Alvarado explicó que “básicamente va a ser una parte de aporte del propio empleado y algo que estaba en el fondo de cesantía, hasta lo que entiendo” a efecto de que si un empleado que aporta se queda sin trabajo pueda subsistir un tiempo determinado con un porcentaje del sueldo que venía percibiendo cada mes.

Ante la pregunta de si se modificará el mecanismo de censantía indicó: “no conozco todavía porque se estaba analizando. Una de las opciones era tomar una parte del aporte a la cesantía para que vaya al fondo de desempleo (...) la censantía ahora tiene un doble valor. Puede retirar una parte importante, pero la otra es una prima solidaria que permite sostener por un poco más de tiempo a alguien sin trabajo”.

Las reformas en materia de trabajo y salarios de los últimos años

Mayo del 2008


La Asamblea Constituyente aprobó el Mandato 8, a través del cual se eliminó la tercerización, la intermediación y el contratos por horas a escala nacional.

Julio del 2009


El Ministerio de Trabajo decidió agrupar las 115 comisiones sectoriales que existían en 22. El anuncio estuvo a cargo del titular de la Cartera, Richard Espinosa.

Septiembre 2012

Se aprobó la Ley de Defensa para los Trabajadores, que extendió a 12 meses el periodo de lactancia y obligó a empleadores a ponerse al día con el IESS.

Diciembre del 2012

El Ministro de Trabajo anunció un ajuste en el monto del básico sectorial para determinar comisiones productivas como la de servicios comunitarios.

Abril 2015

La Asamblea aprobó la Ley de Justicia Laboral con la que se eliminó el contrato a plazo fijo y se hicieron ajustes en materia de seguridad social.

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