27 de junio de 2017 08:19

Sector público y privado avizora tres posibles acuerdos prioritarios

El 26 de junio del 2017 el presidente Lenín Moreno firmo el decreto mediante el cual se crea el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El 26 de junio del 2017 el presidente Lenín Moreno firmo el decreto mediante el cual se crea el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Negocios
Guayaquil
(I)

En al menos tres temas empresarios y Estado podrían alcanzar acuerdos prioritarios en el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario.

Este órgano, que se conformó el pasado 22 de junio, está integrado por seis representantes del sector público y seis del privado. El vicepresidente Jorge Glas lo preside.

Miembros del sector privado del Consejo Consultivo Productivo y Tributario coinciden en que uno de los acuerdos prioritarios serán los ajustes al anticipo al Impuesto a la Renta y al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

En ambos casos hay apertura a dos propuestas: la eliminación o, al menos, evaluar la posibilidad de cambiar la fórmula con la cual se calculan y cobran los tributos.

El titular del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, señaló la semana pasada que están abiertos a escuchar el debate al interior del Consejo, mientras que la ministra de Industrias, Eva García, indicó que podría analizarse el tema del ajuste en el cálculo para el anticipo.

Otro acuerdo prioritario que podría darse en el marco del Consejo Consultivo es el cambio en los mecanismos de contratación. Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpo), subrayó que los contratos deben adaptarse a las realidades de varios sectores, a su vez defendiendo los derechos de los trabajadores.

Esta también ha sido una propuesta del Ministerio de Trabajo. El titular de la Cartera de Estado, Raúl Ledesma, señaló tras su posesión que también se revisarán algunos tipos de contrato por sector que se constituyeron en la anterior administración, pero que ahora requieren ciertos ajustes.

Hugo Villacres, analista económico y ex funcionario del Gobierno de Rafael Correa, considera que el Gobierno también debe exigir el cumplimiento de compromisos a su contraparte. Por ejemplo, los empresarios deben definir cuántos empleos serán capaz de generar con los incentivos que le brinde el sector público.

Como miembro del Consejo, Edison Garzón, empresario agroindustrial y director del colectivo ProponLe, recalcó que se escucharán propuestas de los diferentes sectores de la producción y al final se harán las recomendaciones a la Presidencia.

Los primeros resultados del Consejo deberán presentarse en un plazo de 90 días.

Legarda advirtió que antes de ese tiempo no debería tomarse ninguna decisión de política pública, fuera del Consejo, que pueda afectar la producción nacional.

En el ámbito industrial, Villacres señaló como prioritario evaluar cómo mejorar la estructura de costos del sector empresarial, de forma tal que puedan liberar recursos que les permitan invertir en investigación y desarrollo.

Promover el acceso a créditos por parte del sector privado, con la reducción de las tasas de interés y la disminución de garantías y requisitos es otro de los temas que piden los representantes empresariales llevar a este centro de diálogo y que consideran que podría resolverse con mayor facilidad dentro del Consejo.

Durante la inauguración del órgano, el Gobierno se mostró abierto a definir políticas productivas y financieras que permitan el impulso del sector privado.

Villlacres reflexionó sobre los posibles riesgos del Consejo Consultivo, entre los que mencionó la posibilidad de no alcanzar consensos o de que no se tome en cuenta a todos los sectores productivos. “Es importante que sea lo más abierto posible para que pueda atender los requerimientos de los diferentes sectores”, subrayó.

De hecho al interior del órgano, que todavía no se reúne, ya se han observado las primeras contradicciones. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Pequeñas Empresas (Canape) y los representantes de la economía popular y solidaria piden que se apliquen mecanismos de restricción, como salvaguardias, para determinados productos.

Esto ha sido fuertemente rechazado por otros grupos como el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y cámaras más pequeñas que integrarían las mesas de trabajo que conformará el Consejo más adelante.

Ayer García indicó en Guayaquil que habló de la posibilidad de implementar nuevas salvaguardias, pero sin caer en una política de proteccionismo a la producción nacional. “Esa es una propuesta que está en estudio. Comprenderán que debemos ser selectivos, no hay que dejar desprotegida a la industria nacional, pero eso no significa que nos embarquemos en un camino de proteccionismo. El arancel es un instrumento de desarrollo que debe servir para impulsar nuestras industrias y empresas hasta que puedan despegar solas, ese Consejo va a elevar las propuestas al Gobierno, pero ya son propuestas consensuadas y con bases”.

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