11 de junio de 2016 15:40

Un empresario fue detenido por supuesta captación ilegal de dinero

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Sara Ortiz

Santiago R., presidente del Consejo Consultivo y accionista de Proinco Sociedad Financiera S.A., ingresó en calidad de detenido a la Unidad de Flagrancia de Quito, la madrugada de este sábado 11 de junio del 2016.

Contra el empresario existe una orden de detención por 24 horas que fue solicitada por el fiscal Diego Correa, quien investiga una supuesta captación ilegal de dinero a través de tres empresas relacionadas con Proinco, las cuales no tendrían la autorización de la Superintendencia de Bancos para ejecutar ese tipo de operaciones financieras.

Ernesto R., hermano del empresario, aseguró que se “trataría de un mal entendido” y que todas las actividades de las empresas se han realizado dentro de la ley y nunca se han cometido delitos financieros. Además pidió que los clientes “estén tranquilos porque hay el respaldo suficiente para garantizar todas las inversiones”, dijo.

Hasta este mediodía, la audiencia de formulación de cargos contra el empresario todavía no ha sido asignada a un juez de La Unidad de Flagrancia y es posible que se realice por la tarde, mientras tanto él hombre permanece en el área de aseguramiento temporal.

La investigación en este caso se inició en marzo del 2015, a partir de que Proinco habría realizado cancelaciones y precancelaciones de depósitos a plazo de 11 clientes “sin la existencia de flujo de efectivo”. Esto se lo habría hecho mediante la sustitución de pagarés emitidos por una de las empresas investigadas. Así se detalla en la orden de detención contra el empresario, que fue autorizada por la jueza de Garantías Penales de Pichincha, Fátima Llundo.

Desde esa operación, la Intendencia Nacional del Sector Financiero Privado supervisó a Proinco y las tres empresas. Tras los análisis realizados entre junio del 2015 y abril del 2016, la entidad concluyó que existían presunciones de una supuesta concesión y captación de dinero de forma ilegal, además de un posible perjuicio para el Estado. Y remitió el caso a la Fiscalía General.

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