La empleada doméstica protesta

Roxana Cazco. Corresponsal en Madrid ¡Se acabó la esclavitud! corearon unas 200 mujeres que trabajan de  empleadas domésticas, en su mayoría extranjeras, durante la manifestación que protagonizaron en Madrid. Fue a propósito de su día, el 30 de marzo.Se concentraron en la Plaza Jacinto Benavente, en el centro de la capital española, y fueron convocadas por el taller Territorio Doméstico, una iniciativa de Sedoac (Servicio Doméstico Activo) y del colectivo Escalera Caracola.Piden tener acceso a la prestación de desempleo, porque no entienden que sigan excluidas de este derecho si  igualmente son trabajadoras. También exigen acceder a los beneficios de la seguridad social si se enferman -actualmente pueden cobrar la prestación de incapacidad temporal solo 29 días después de expedida la baja médica- y piden   que los abusos dentro de las casas cesen.Las arbitrariedades se cuentan por decenas, pero en un ámbito tan privado como el hogar familiar es casi imposible su visibilización y los controles a cargo de la Inspección de Trabajo son prácticamente  inexistentes. Jornadas de 18 horas, sin días libres, sin seguridad social y atendiendo a nietos, padres y abuelos cuando el contrato indica: ‘cuidado de un anciano’. Todo esto por USD 720. No son casos aislados, las historias más o menos dramáticas las confirman una a una las empleadas domésticas.La hondureña Walditrudis Cruz Claros cumplió durante años el perfil más común de la trabajadora doméstica en España: inmigrante y vulnerable. Le ofrecieron USD 720 por cuidar a un anciano, al poco tiempo  le exigieron que vaya a limpiar la casa de la hija.  Los fines de semana le pedían que cocine para toda la familia y cuide a  los niños. “Me levantaba a las 06:30 y no me podía acostar hasta la medianoche. “Cumplía triple horario. Pasaba encerrada todo el día, era una esclavitud”, dice esta mujer de 53 años.Ella, como muchas de sus compañeras, tenía libre solo el domingo, cuando la Ley señala, al menos, un día y medio de descanso. A otras tantas sus jefes les requisan la correspondencia, las tienen aisladas y controladas. A las que no tienen documentación española les va peor. “Con la crisis hay un aprovechamiento y una explotación terrible. Las presionan, les advierten que si no acceden a sus requerimientos las van a denunciar y expulsar por no tener papeles”, lamenta Benilda Cruz, de Sedoac.

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