La inseguridad ciudadana y la violencia empiezan y se desarrollan con indiferencia y sin mayor interés general en una sociedad. Aunque a veces se suele cuestionar el uso de las comparaciones, los ejemplos ilustran mucho pese a que sean países con diferentes realidades pero con algunos problemas, debilidades y amenazas comunes. Uno sabe cómo comienza pero nunca cómo y cuándo terminará. Lo cierto es que las experiencias externas enseñan que esta realidad se desborda con facilidad y saldos trágicos.
Así empezó la violencia en Colombia, México, El Salvador, Río de Janeiro, para citar unos casos, y la factura hasta ahora ha sido enorme, al menos en los tres primeros países, con decenas de miles de muertos, miles de millones de dólares de pérdida, años de sufrimiento y una vida con permanente zozobra, autoprotección, casi encerrados y aislados en casa, sin poder circular con normalidad.
El caso del vecino Perú también fue lamentable durante casi dos décadas violentas en las que actuaron dos grupos terroristas, que dejaron un saldo superior a los 25 000 muertos, como testimoniara en Ecuadoradio su vicepresidente, Luis Giampietri.
No se invirtió oportunamente en seguridad, no se establecieron políticas de estado, políticas de prevención, ni se juntaron al comienzo todos los sectores para hacer una causa común, lo que obligadamente les tocó hacer luego pero con un costo muchísimo mayor y más doloroso. Este es otro reconocimiento, con el debido arrepentimiento, que hemos escuchado a personajes de esos países.
Cuando uno lee datos oficiales e investigaciones periodísticas (EL COMERCIO) que dan cuenta de los niveles de delincuencia, violencia e inseguridad, primero debe ponerse la alerta permanente para hacer la lectura correcta de esta amenaza, entender el problema y emprender una acción conjunta de todos los sectores. Esto permitirá no dar palos de ciego e ir a los efectos en lugar de atacar las causas del problema e incluso seguir con el espectáculo de lavatorio de manos entre unas y otras autoridades. Una prueba de la realidad han sido los parches puestos al menos en los dos últimos años con reformas penales y ahora están en trámite otras e incluso se anuncia cambios constitucionales. Es decir, deshacer o rehacer lo mal que hicieron en algunos campos.
Las cifras no cuadran entre unas y otras instituciones. La Policía reveló que en lo que va del año hubo 108 000 detenidos en el combate a la delincuencia, gran parte con antecedentes penales. La Fiscalía respondió que registró 168 780 hechos presumiblemente delictivos, de los cuales el 77% ha sido noticia de delitos ordinarios. Formuló cargos en 18 733 casos, es decir el 14% de los delitos denunciados y se formularon 8 369 acusaciones. La pregunta que flota: ¿qué pasó con la gran diferencia en las cifras: mayor impunidad?