26 de mayo de 2017 00:00

El 34% de emergencias en Quito ocurrió en las laderas

A lo largo del complejo volcánico del Pichincha se han construido viviendas, condominios y conjuntos habitacionales. Algunos se levantaron sin el permiso de las autoridades. Foto: Alfredo Lagla / El Comercio

A lo largo del complejo volcánico del Pichincha se han construido viviendas, condominios y conjuntos habitacionales. Algunos se levantaron sin el permiso de las autoridades. Foto: Alfredo Lagla / El Comercio

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Evelyn Jácome
Redactora (I)
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La zona de las laderas del Pichincha es hasta ahora la más afectada por la época invernal. En el presente año, el COE metropolitano ha atendido 865 emergencias, entre deslizamientos, colapsos estructurales, inundaciones, caídas de árboles, etc. De ellas, el 34% se ubicó en este sector, lo que equivale a 293 casos, la mayoría en La Libertad, San Juan, Cochapamba y Chilibulo.

Christian Rivera, de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio, explica que el riesgo aumenta en época invernal, ya que los taludes están saturados de agua. Esto, sumado a las construcciones informales, al irrespeto del retiro de las quebradas, a los desbanques antitécnicos y a la falta de alcantarillado, generan constantes derrumbes.

Cada año, desde la década de 1970, las construcciones comenzaron a ganarle espacio al bosque en las laderas del Pichincha. El complejo volcánico que bordea a la capital por el occidente y marca el límite urbano de Quito.

Los primeros barrios se formaron con gente que emigró del campo, en especial de la Sierra centro durante el ‘boom’ petrolero de los 70. Según Alfredo Armijos, historiador, era gente que construyó mediaguas sin agua, luz ni caminos, y halló en las lomas de El Condado y Cotocollao un hogar.

Para ese entonces, narra Armijos, ya habían cobrado vida, la Roldós y la Pisulí. Luego se abrieron paso San José Obrero, Camino a la Libertad, Santa María, San Jacinto, La Paz... Hoy existen 189 barrios asentados en las faldas del volcán y expuestos a alguna amenaza.

Para Dennis Suárez, director metropolitano de Gestión de Riesgos, la falta de control permitió asentamientos en zonas vulnerables. La norma dice que se puede construir hasta los 3 000 m, pero hay casas por sobre los 3 500 m.

Jorge Ordóñez, geólogo de la Dirección de Gestión de Riesgos, explica que desde El Condado hasta Chillogallo hay suelos de origen volcánico: cenizas conocidas como cangahua. Ese es el primer factor que vuelve a la zona vulnerable. No toda la ladera es inestable, pero la interacción de las personas que al asentarse allí hicieron desbanques, generaron taludes y los dejaron desprotegidos.

La cangahua, cuando está seca, forma un suelo duro y bueno para cimentaciones, pero cuando está en pendientes y se moja se debilita.

El segundo factor es que las personas no realizaron estudios de suelo, ni buscaron ayuda profesional para construir las viviendas. Algunas arrojan sus aguas residuales a las laderas y eso agrava el riesgo.

La tala de árboles complica la situación. La vegetación protege las laderas de la erosión, por lo que al no existir árboles, advierte Ordóñez, el agua debilita la tierra y la vuelve propensa a deslizamientos.

Este año salió a la luz un factor más: en varios sectores de las laderas existen huecos subterráneos, una especie de cuevas, producto de la explotación pétrea artesanal realizada décadas atrás. Sobre esas cavernas se levantaron casas que hoy están en riesgo.

Un ejemplo es el barrio Ana María. Paúl Gordón y María Quijos viven junto al hueco que se abrió en media vía. Sabe del riesgo, pero no cuentan con dinero para ir a otro lugar. Solo en esas laderas hay 52 quebradas. Algunas se rellenaron para crear barrios y calles como Chimbacalle, La Magdalena y La Mariscal Sucre.

José Ordóñez, director del Instituto de Planificación Urbana, explica que la ciudad puede crecer hacia Carapungo, Quitumbe, San Antonio, los valles, en zonas planas, sin el riesgo de las laderas. Pero admite que crece también hacia las faldas del Pichincha, pese a que está fuera de los límites de construcción. ¿Qué hacer?

Para Jacobo Herdoíza, secretario de Territorio, el problema es la ocupación informal de la tierra y la regularización de barrios que no han completado las medidas de mitigación a las que se comprometieron.

La ordenanza de reconocimiento de los barrios conlleva obligaciones a los beneficiarios, como la construcción de muros y drenajes. Desde el 2008, más de 35 barrios de las faldas iniciaron un proceso de regularización. En Atucucho, por ejemplo, la gente tenía seis años para reforzar los muros o construir canales, pero solo un pequeño porcentaje lo ha hecho. Eso se debe, según Herdoíza, a los altos

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