La casa de Willington Reina, en el sector de Manabí Chiquito (cantón Urdaneta), está en las orillas del río Catarama. En el 2016 se cayó uno de sus muros por la crecida del río. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
El camino se corta para Mariela Garófalo cuando llega al recinto Las Maravillas. Un cráter enorme en la vía le impide continuar; así que se detiene para cargar su bicicleta por un terreno empinado de unos dos metros.
El río Santa Rosa serpentea por esta zona rural del cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos. Hace una semana se desbordó y rompió un tramo del camino vecinal, que es también un muro de contención. 1 000 hectáreas de cultivos se afectaron y otras 80 se perdieron, como resume un reporte de la emergencia.
“El agua entró como remolino. Cuando el río sube (por el caudal) nos quedamos de un lado o del otro; no nos deja pasar”, recuerda Garófalo.
Montalvo es una zona agrícola de 24 164 habitantes. Un estudio de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) reporta que el 66% de su población es altamente vulnerable a inundaciones.
El alcalde encargado, Genaro Mariño, explica que el Santa Rosa no es la única amenaza. Los ríos Cristal y Las Juntas también les causan problemas; en lo que va de la estación lluviosa actual ya han anegado ocho recintos.
“La solución definitiva depende de una obra integral del Gobierno. Hace cinco años lo pedimos y todavía no hay respuesta. Por eso solo aplicamos medidas parche: tapamos muros, ponemos piedras de escollera, tierra, pero esa no es una solución total”, dice.
La vulnerabilidad de Montalvo bien puede ampliarse a la provincia. El estudio de la SGR resume que de los 778 115 habitantes que tiene Los Ríos, unos 504 108 viven en zonas de alta y muy alta vulnerabilidad. Es decir un 65%.
El gobernador Omar Juez pone estas cifras sobre el mapa y explica que, históricamente, la provincia tiene zonas inundables. Y menciona los casos de Montalvo y Urdaneta.
En algunas de estas áreas, indica, se han propuesto trabajos de mitigación. “Pero son obras muy costosas para lo que se podría hacer. Son zonas bajas por naturaleza donde, en principio, no debería haber viviendas ni cultivos”.
Con el inicio de las lluvias, Juez asegura que se mantienen en alerta. Afirma que la mesa de seguridad de la provincia está lista para coordinar posibles operativos de ayuda.
La SGR también tiene su protocolo. A través de su sala de eventos adversos aplica tres mecanismos para reducir la amenaza por inundaciones.
Según los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), hasta la semana anterior la única estación de la provincia (en Quevedo) reporta 470 mililitros de lluvia acumulada. El promedio histórico para este mes es 388 mm.
Durante el 2016, 28 emergencias por inundaciones fueron reportadas en esta provincia. Unas 1 327 personas resultaron afectadas y se perdieron USD 217 950 en cultivos. También hubo 44 albergados.
Willington Reina ha abandonado su casa en los últimos dos inviernos. Es uno de los que se refugiaron en la Unidad Educativa Ricaurte, en Urdaneta, un cantón donde el 46% de su población vive en zona de alto riesgo a anegaciones.
En el albergue recibieron la visita del presidente Rafael Correa en el 2015 y una oferta de reubicación que aún no se cumple. “Dijeron que nos darían otros terrenos, que nos harían casas. Pero acá están nuestras tierras, nuestros cultivos. Mejor queremos que nos hagan un buen muro”, dice frente al recinto Manabí Chiquito.
Su casa está a orillas del correntoso río Catarama, que por estos días ha aumentado su caudal. Sus aguas se llevaron hace dos años la pared de su sala y todavía no ha podido reconstruirla. Ahora luce como un enorme ventanal.
Gonzalo Aguilar, director de Obras Públicas del Municipio de Urdaneta, dice que esta es una eminente zona de riesgo y que con el inicio de las lluvias ya se activaron los planes de evacuación. También analizan una solución a largo plazo.
“El Municipio terminó de hacer los estudios de factibilidad de un muro de 4 kilómetros en esta zona. Serían mixtos: de gaviones en las áreas críticas y arcilla en las no críticas”, explica.
Aguilar calcula que la obra costaría cerca de USD 1,5 millones, que beneficiará a 75 familias y protegerá 150 hectáreas de cultivos. Pero aún debe ser analizado por el concejo cantonal para definir qué entidad lo hará y cómo será financiado.