3 de diciembre de 2015 00:00

Duras historias detrás de los embargos de bienes

“Fue una injusticia lo que cometieron con nosotros. Perdimos nuestra casa por una deuda ya pagada”, Luis Caiza, afectado. Foto: EL COMERCIO

“Fue una injusticia lo que cometieron con nosotros. Perdimos nuestra casa por una deuda ya pagada”, Luis Caiza, afectado. Foto: EL COMERCIO

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Javier Ortega

De aquel amplio taller de bicicletas solo quedan unas cuantas herramientas oxidadas. El negocio funcionaba en una extensa casa de dos pisos que se levanta en el sur de Quito. Luis Caiza y Olga Tipantuña perdieron esa vivienda en un remate y el taller quebró.

El desahucio ocurrió por una letra de cambio en blanco que firmó la pareja en el 2002.

Pidieron a un chulquero un crédito de USD 500. La deuda fue saldada dos años después, pero el prestamista demandó a Caiza y el inmueble entró en un proceso de embargo. Un rematista compró la propiedad en USD 40 000, pese a que en el mercado costaba el doble.

El Código de Procedimiento Civil permitía reducciones de hasta el 50% del valor real de un bien. Era una medida para estimular el remate y cancelar la deuda rápido, reconocen los jueces. Pero ese mecanismo trajo un problema grave: los demandados perdían casas, terrenos o autos y, encima, seguían con un porcentaje de la deuda.

“Negocié con el banco. Les dije que podía pagar USD 200 si me devolvían el auto, pero no aceptaron Silvio Narváez es un afectado. Foto: EL COMERCIO

“Negocié con el banco. Les dije que podía pagar USD 200 si me devolvían el auto, pero no aceptaron Silvio Narváez es un afectado. Foto: EL COMERCIO

Silvio Narváez es uno de los afectados por esa disposición legal. En el 2011, él accedió a un crédito bancario de USD 16 000. Con el dinero compró un automóvil. Canceló puntualmente los primeros USD 10 000, pero en el 2013 perdió su empleo. Se retrasó cuatro letras, la entidad le demandó y embargó su carro. Ahora está en la Central de Riesgos y con una deuda pendiente, pues aún no logra vender el vehículo.

El abogado le cobraba USD 2 500 por asesorarlo. Por la falta de recursos, dejó el caso.

Lo mismo sucedió con Miguel. A inicios de este año, una cooperativa de ahorros subastó su auto del 2014 luego de que se atrasara en el pago de tres cuotas. El auto costaba USD
14 000, pero el remate se dio por apenas USD 8 000.

Desde el 23 de noviembre, las reglas cambiaron. Ahora los peritos tasarán los bienes con el valor real que fija el mercado y no habrá reducciones del precio. Con esto se intentará frenar casos como el de la familia Caiza, Narváez o Miguel.

Datos recopilados en los juzgados de Quito señalan que entre el 70% y 80% de remates judiciales que se dan en la capital son por juicios de la banca contra clientes que no pudieron pagar sus préstamos.

Fernando Landázuri, juez de la Unidad Civil de Quito, señala que el resto de embargos ocurre por letras de cambio y pagarés en blanco que firman los usuarios. De hecho, los casos más dramáticos de desahucios están relacionados con personas que buscaron los servicios de chulqueros.

Caiza y Tipantuña, por ejemplo, tienen clavada en su memoria la fecha del desalojo. Era la mañana del 31 de diciembre del 2009.
40 policías irrumpieron en el inmueble y lo vaciaron. Sacaron colchones, electrodomésticos, ropa y ollas. En dos horas, la pareja y su hija quedaron en la calle.

Ahora viven en un pequeño cuarto que les cedió otra de sus hijas en su casa. Casi seis años después de esos episodios, la pareja todavía no recupera la vivienda. Se niega a perder una propiedad de USD 80 000, por un crédito de apenas USD 500 que incluso ya fue saldado.

Caiza demandó penalmente al hombre que les entregó el préstamo. La investigación fiscal fue contundente. Los peritos concluyeron que la letra de cambio fue firmada en blanco y que luego el sospechoso escribió en el documento un valor de USD 4 500. El Tribunal de Pichincha lo condenó a cinco años de cárcel y ordenó el pago de USD 30 000 a la familia.

La sanción fue ratificada en las cortes provincial y nacional de justicia, pero hasta ahora no hay rastros del procesado.

En la Fiscalía conocen que el sospechoso enjuició a otras 279 personas. En todos esos casos él pide el embargo de bienes, usando letras de cambio.

Actualmente no hay datos oficiales de cuántos remates se ejecutaron en el país en los últimos años. Solo hay una idea general. En Quito, en una de las dos unidades de lo Civil trabajan 24 jueces. Cada uno, en promedio, tramita entre dos y tres subastas cada mes.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, reconoce que el sistema que operaba antes del 23 de noviembre era “susceptible a corrupción”.

Caiza y su esposa están seguros de eso. Nunca les notificaron de la demanda y no pudieron defenderse y evitar el embargo. “Nos siguieron el proceso en rebeldía, pero nunca nos citaron. Cuando quisimos buscar ayuda, fue tarde. Ya había una sentencia en la que se ordenaba el remate de nuestra casa”, lamenta la pareja.

En el juicio penal, el citador admitió que mintió al asegurar que comunicó a Caiza del proceso civil que el chulquero inició en su contra. El Tribunal pidió a la Judicatura que investigara la “irregular actuación” del funcionario judicial.

A pesar de esas pruebas, la familia Caiza Tipantuña no puede retornar a su casa. Aún espera que la Justicia llegue.

En contexto

Para poner en marcha el sitio web para los remates, los funcionarios judiciales recibieron capacitación sobre el manejo de la nueva plataforma. A través de diapositivas, técnicos que crearon el sistema explicaron los detalles del funcionamiento del programa.

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