Santiago Estrella Garcés. Corresponsal en Buenos Aires.
El juez federal de Nueva York. Thomas Griesa, decidió ayer el embargo a los fondos que tiene el Banco Central de Argentina en el Tesoro estadounidense, en la causa de los denominados “fondos buitres” (aquellos que no entraron al canje de la deuda en el año 2005 y que sumaría unos USD 20 000 millones).
Era algo que se esperaba desde el viernes pasado, pero que recién ayer dio trámite Griesa. Según dijo en conferencia de prensa el ministro de Economía, Amado Bodou, abogados de los fondos buitres llegaron hasta el juez con periódicos argentinos que anunciaban el traspaso de USD 6 500 millones de las reservas del Banco Central de Argentina (BCRA) al llamado Fondo del Bicentenario, destinado al pago de la deuda.
Sin embargo, Bodou señaló a la oposición y a la justicia. “Parece que los fondos buitres tienen oficinas en Buenos Aires, que a veces están dentro del Estado”, en alusión a la actuación de la jueza María José Sarmiento, jueza que falló en contra de Fondo del Bicentenario hasta su tratamiento en el Congreso. Calificó al vicepresidente Julio Cobos como “gobernante de facto de la oposición”, que reclama el respeto a la institucionalidad bajo el concepto de que no se pueden usar reservas del BCRA para fines que no sean de control monetario sin pasar por el Parlamento.
Pese a que Bodou quiso calmar anunciado que el embargo sería de apenas USD 1,7 millones, lo cierto que ayer la economía argentina empezó a sentir sus efectos. Aunque la cotización del dólar se mantuvo en los niveles (3,83) y se acumulaban reservas por USD 65 millones, los bonos caían al 12%; el índice Merval de la Bolsa de Comercio, 3,5%.
Fue un nuevo día de idas y venidas de la Justicia argentina por el escándalo institucional por los Decretos de Necesidad y Urgencia para el Fondo del Bicentenario y la remoción de Martín Redrado.
“Creamos un trámite sumarísimo y tienen 24 horas las partes parque adecue la demanda. Es un trámite excepcional y rápido. Pero preferiría no hablar para no complicar las decisiones ni mías ni de la Cámara”, explicó la jueza Sarmiento.
La demora del trámite de Sarmiento complica al gobierno, que contaba con que los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en este tiempo de vacancia judicial se pronunciara a su favor. Sin embargo, el lunes, para cuando se prevé el tratamiento, estarán otros camaristas que fallarían en contra.
Ayer, nuevamente Redrado fue objeto de una nueva denuncia penal, pero esta vez ya no sería de parte del gobierno (por rebeldía) sino por un compañero del directorio del BC, Marcos Moisseff, de quien Redrado desconoció su ascenso a subgerente de Asuntos Jurídicos en el día en que Miguel Ángel Pesce estuvo a cargo de la entidad monetaria.
Norberto Oyarbide, juez en lo penal que sobreseyó a los Kirchner en la demanda de enriquecimiento ilícito, dijo que habilitó la feria judicial (vacancia) “por lo resonante del caso. En las acusaciones las figuras jurídicas son los delitos de violación de los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad. El fiscal no se ha pronunciado. Tiene que existir un requerimiento fiscal para que exista una causa formal instaurada, de manera que estas horas son definitivas para ver si la causa tiene vida o no”. El fiscal no se ha pronunciado aún.
El momento complicado del gobierno podría agravarse. Ayer, la Mesa de Enlace de las entidades rurales, que en el 2008 provocó una crisis de la que no se pudo recuperar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con un paro de cuatro meses, anunció que de no haber diálogo con el gobierno, podrían volver las medidas de fuerza.