20 de septiembre de 2017 18:59

La vía para eliminar el Cpccs y el cese de funciones difiere entre los legisladores

Los asambleístas de las principales bancadas legislativas tienen puntos de vista distintos respecto a la consulta popular. Foto: Archivo/EL COMERCIO

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Jorge González

La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y el cese de funciones del Fiscal y Contralor abrieron el debate sobre si se debe concretar aquello a través de una consulta popular o se debe instalar una Asamblea Constituyente.

Los asambleístas de las principales bancadas legislativas tienen puntos de vista distintos respecto a la vía para concretar esas propuestas.

Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, considera que el pronunciamiento popular es de aplicación directa, por lo que cree que no es viable una Constituyente.

“Ese es un medio, pero implica tiempos y recursos que la economía del país no está en capacidad de asumirlos. Más adelante, si la situación política lo amerita, podríamos hablar de una Asamblea Constituyente”, afirmó.

La legisladora socialcristiana manifestó que la eliminación del Cpccs no afecta la estructura del Estado. Explicó que ese organismo es parte de las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social, que la integran además la Contraloría, Defensoría de Pueblo y las Superintendencias.

Mientras, Bairon Valle, asambleísta de Alianza País, dijo que respalda una consulta porque “siempre es bueno escuchar al pueblo”. No obstante, dijo que el oficialismo está en contra de una supuesta intención de la derecha respecto a imponer su agenda.

Según Valle, para disuadir una función o poder del Estado, solo se podrá realizar mediante una Constituyente.

“Se trata de cumplir con lo que establece la Constitución en el artículo 444. Si es para eliminar alguna función del Estado u otras atribuciones que estén dentro del marco de una Asamblea Constituyente, sí. La Ley lo establece claramente, cuáles son las atribuciones y qué decisiones se pueden tomar en una Asamblea Constituyente”, explicó.

Valle también comentó que para cesar a funcionarios de los organismos de control, los procedimientos están establecidos en la Constitución en su artículo 131 y dijo que esta es una competencia de la Asamblea Nacional.

“¿Entonces para qué una consulta popular? Si ellos, la oposición, piensan que todas las autoridades de control son malas, deben motivar un juicio político, pero en debida forma, con pruebas contundentes, no con recortes de periódicos, ni suposiciones como medios de pruebas”, indicó.

El legislador Héctor Yépez, del movimiento SUMA, difiere con el asambleísta Valle. Señaló que según el artículo 442 de la Constitución, mediante referéndum se puede modificar todo, incluso la estructura del Estado, siempre que no se retroceda en derechos, ni se cambie el procedimiento de reforma constitucional.

Yépez manifestó que el Cpccs debe ser eliminado porque “ha sido una farsa”. “Ha servido para que AP secuestre todas las autoridades de control: el ratón cuidando el queso. El resultado es que se comieron el queso, nos endeudaron y ahora quieren pasarle la factura al pueblo”.

Con la eliminación de ese organismo, agregó, se podrá fortalecer la institucionalidad del país.

Estas posturas surgen luego de que se conociera que el próximo 2 de octubre el presidente Lenín Moreno anunciará el contenido de la consulta popular. Hasta el 26 de septiembre receptará en su despacho las preguntas que surjan desde los distintos sectores del país.

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