Marco Arauz Ortega. Subdirector
Este Gobierno se ufana de no atenerse a los conceptos de la política económica -que debería ser la estrategia de un Gobierno para conducir el país-, y más bien se declara partidario de la economía política. Es decir, en una visión centrada en las relaciones sociales de producción y que en teoría busca que el mayor número de individuos de una sociedad alcance el bienestar al supeditar la economía a la política.
El tiempo dirá qué resultados reales obtendrá el Ecuador al haber eliminado las instancias técnicas, los fondos de contingencia, la rendición de cuentas sobre el presupuesto estatal y haber dado prelación a los convenios entre empresas estatales, etc., en función de los fines políticos.
Mientras llega ese momento, no deja de llamar la atención el modo en que el Gobierno viene manejando la crisis energética. ¿Se puede afirmar que ahí, en lugar de una política eléctrica, lo que hay es una electricidad política, o peor todavía, politizada?
Aparte de un prurito ambientalista que las actuales decisiones se han encargado de echar por tierra, es difícil entender por qué no se ejecutó a tiempo el plan de electrificación que contemplaba la compra de 300 megavatios en USD 178 millones, y que hoy se pague USD 150 millones por 154 megavatios. Seguramente, USD 58 millones más de lo previsto no importan, pues al fin y al cabo la economía obedece a la política.
Y en cuanto a las soluciones, el Gobierno terminó como víctima de un manejo poco responsable al haber politizado un hecho que debía circunscribirse al ámbito técnico y que obedece a una realidad: la falta de generación eléctrica, tanto hidroeléctrica como térmica, y las dificultades en la compra de energía a Colombia. ¿La electricidad politizada no rinde tanto como la economía politizada?