27 de febrero de 2017 00:00

De la elección presidencial dependerá la ejecución de la consulta popular

En el período 2017-2021 Alianza País no tendrá una mayoría calificada en la Asamblea, equivalente a 92 votos. Foto: Flickr Asamblea Nacional
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En el período 2017-2021 Alianza País no tendrá una mayoría calificada en la Asamblea, equivalente a 92 votos. Foto: Flickr Asamblea Nacional
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John Mario González

El plazo mínimo establecido en la ley para aprobar reformas legales en la Asamblea es de entre cuatro y seis meses. Por tanto, en el actual período legislativo, que terminará sus funciones el 13 de mayo, no se alcanzará a aprobar los cambios para aplicar la prohibición determinada en la consulta popular del 19 de febrero.

Ese día, con un 55% de los votos válidos, los electores se pronunciaron a favor de que los funcionarios y las autoridades de elección popular no puedan poseer bienes ni capitales en paraísos fiscales. El Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene una lista de 86 países con esa denominación, entre ellos, Panamá, Aruba, Curazao, Sri Lanka y Belice.


En el dictamen previo de la Corte Constitucional (CC) se estableció que la Asamblea deberá reformar, en el plazo de un año, el Código de la Democracia, la Ley de Servicio Público y el resto de normas necesarias para validar el mandato. 
Además, en ese tiempo los funcionarios que incurran en esa prohibición deberán regresar sus capitales al país o serán destituidos de sus cargos. Estos cambios se deberán cumplir en la próxima Asamblea.


Pero, la aprobación de las reformas dependerá del resultado de la segunda vuelta presidencial. En el caso de que gane Lenín Moreno, de Alianza País, los cambios se realizarán sin problema, ya que el oficialismo tendrá 73 curules, lo que le otorga una mayoría y no habrá un bloqueo presidencial a través de un veto.
 Pero, el escenario cambia en el caso de un triunfo de Guillermo Lasso (Creo-SUMA).

El político ha mostrado su rechazo a la iniciativa del presidente Rafael Correa y, como primer mandatario, podrá vetar totalmente esos cambios.
 En ese caso, el proyecto legal regresará a la Asamblea y podrá ser tratado únicamente dentro de un año y aprobado con una mayoría calificada de más de los dos tercios de la Asamblea, es decir, 92 votos. Los que AP no alcanzaría.
La única forma de que Lasso no pueda hacer un veto total a la iniciativa es que esta sea presentada por la ciudadanía, como lo señala la Constitución.


El constitucionalista Juan Francisco Guerrero cree que no basta con reformas legales y que se debería hacer una enmienda constitucional.
El artículo 106 de la Carta Magna establece seis causales para impedir que una persona sea candidata a una dignidad de elección popular. Y entre esas no consta nada a propósito de los paraísos fiscales.
 En el caso de que se pretenda realizar un cambio en la Constitución, Alianza País tampoco logrará la mayoría necesaria, ya que para ese camino también se necesitan 92 votos.
Ahora, en el caso de un veto del Presidente y de la reforma constitucional, AP podrá acudir a la Corte Constitucional (CC) para hacer efectiva la decisión en la consulta popular, aduciendo que se está desconociendo un mandato.


El experto en derecho Stalin Raza recuerda que el artículo 436 de la Constitución entrega a la CC la atribución para declarar “la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o autoridades que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas constitucionales”.
En ese caso, la CC instará al cumplimiento de esa decisión popular a la Asamblea y al Ejecutivo y, si la omisión persiste, de manera provisional, expedirá la norma directamente.


Luis Fernando Torres, actual asambleísta socialcristiano y reelecto para el siguiente período, considera que la consulta popular no puede ser validada ya que desde el inicio tuvo “una trampa”. Explica que la pregunta que se dispuso en la quinta papeleta del proceso fue “tendenciosa”, ya que hacía elegir entre “el bien y el mal”. Sin embargo, cree que la elección presidencial pesará para que se pueda aplicar o no.
Augusto Espinosa, candidato electo por Alianza País, explica que en una próxima reunión, el Movimiento analizará todos los posibles escenarios para validar lo decidido en la consulta. Asegura que al ser un mandato tiene que cumplirse. “Hallaremos los mecanismos constitucionales para que así sea. Aunque estamos convencidos de que Lenín (Moreno) ganará y no habrá inconveniente”.

En contexto


La prohibición la propuso Rafael Correa luego de que el 3 de abril del 2016 el Consorcio de Periodistas de Investigación publicara los denominados ‘Panama Papers’, donde se demostró la vinculación de varios funcionarios del mundo con los paraísos fiscales.

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