8 de agosto de 2017 00:00

El Ejecutivo veta siete artículos del proyecto de paraísos fiscales

El presidente Moreno aclara las atribuciones de la Contraloría General en el proceso para examinar a los servidores públicos. Foto: Archivo

El presidente Moreno aclara las atribuciones de la Contraloría General en el proceso para examinar a los servidores públicos. Foto: Archivo

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Redacción Política

El presidente Lenín Moreno objetó parcialmente el proyecto de Ley a través del cual se busca aplicar la consulta popular del 19 de febrero del 2017, sobre los paraísos fiscales.

El Mandatario propone modificar siete artículos del documento que inicialmente fue aprobado por la Asamblea.

La consulta aprobó la prohibición para que los funcionarios públicos no posean bienes o capitales en países considerados como paraísos fiscales.

El proyecto legal, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, establecía excepciones para los funcionarios del servicio exterior y para servidores que al mismo tiempo sean estudiantes o becarios en países considerados ‘off shore’.

Pero, a criterio del Ejecutivo, la prohibición debe regir también para quienes estén estudiando en esos países. “No se encuentra limitado en su aspiración de estudiar en el exterior, pues la oferta académica mundial es absolutamente amplia”, señala Moreno.

El aspirante deberá simplemente optar por un centro de educación que no se encuentre en un paraíso fiscal, dice el veto Ejecutivo.

La Asamblea Nacional se encuentra en vacancia legislativa. Está previsto que se reinstalen en funciones el 14 de agosto del 2017. Entonces se podrá analizar los cambios propuestos por el Ejecutivo al texto.

En cuanto a dos de las disposiciones reformatorias, Moreno advierte que hacen falta aclaraciones. En el proyecto de la Asamblea se establece como requisito, por ejemplo, agregar al Código de la Democracia que para la inscripción de una candidatura se presente una declaración juramentada.

Pero no se definía la autoridad ante la cual se debía rendir esa declaración. Por tal motivo en el veto se establece que debe presentarse ante un notario público. Dicha declaración deberá especificar que el aspirante no se encuentre incurso en las prohibiciones de la ley de aplicación de la consulta popular.

Los mismo sucede con la Ley Orgánica de Servicio Público, el Primer Mandatario pide claridad en las reformas para incluir la misma prohibición. Así modificará cuatro artículos para que se aclaren los requisitos para ingresar al sector público, sus prohibiciones, las prohibiciones especiales y causales de destitución de los funcionarios.

Moreno propone reformas similares a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para establecer una nueva causal de destitución de los jueces constitucionales.

Además, el veto Ejecutivo aclara el procedimiento para que la Contraloría trate los casos en los que se conozca de un funcionario que incumpla la prohibición. La institución ordenará el inicio de un examen especial, notificará al funcionario involucrado, este tendrá derecho a la defensa y después la autoridad decidirá el archivo o destitución y lo notificará.

El Legislativo tiene 30 días para tratar el veto presidencial. Puede acogerlo por completo o parcialmente. Pero para ratificar un artículo o la totalidad del proyecto, requerirá de una mayoría ( 91 votos).

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