3 de marzo de 2016 00:00

El Ejecutivo analiza 5 ajustes a proyecto laboral

La Comisión de los Trabajadores recibió ayer al Ministro de Trabajo (d) y al titular del Consejo Directivo del IESS. Foto: Pavel Calahorrano / El Comercio

La Comisión de los Trabajadores recibió ayer al Ministro de Trabajo (d) y al titular del Consejo Directivo del IESS. Foto: Pavel Calahorrano / El Comercio

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Carolina Enríquez y
Mónica Orozco  (I)

El proyecto original de Ley de Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, podría tener, al menos, cinco ajustes.

Los cambios los dejaron ver los propios funcionarios del Ejecutivo a cargo de la elaboración de la reforma, quienes acudieron ayer (2 de marzo) a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, a cargo del tratamiento de la reforma legal.

Uno de ellos se refiere a la autorización que debe entregar el Ministerio de Trabajo para que la empresa privada pueda reducir las horas de trabajo.

El titular de esta Cartera, Leonardo Berrezueta, indicó, en el marco de su comparecencia a la comisión legislativa, que se analizan varias posibilidades para agilitar este tema y evitar que este requisito se convierta en una traba burocrática. Entre ellas, que el empleador firme los acuerdos con los trabajadores y el control se realice ex post; que se dé un plazo para que el Ministerio autorice a la empresa y, de no cumplirse, entre en vigencia de manera automática, etc.

En una entrevista concedida ayer a este Diario, Berrezueta explicó otros posibles ajustes. Indicó que el Ejecutivo está abierto a analizar las condiciones que se exigen para que una empresa reduzca las horas de trabajo. La reforma propone que se pueden acoger a la jornada reducida cuando los ingresos del empleador se vean reducidos.

Berrezueta reconoció que el requisito es muy amplio e indicó estar dispuesto a revisarlo. “Hay que hacer un ajuste al proyecto de ley. No solo será el tema de ingresos, será el tema de utilidades, el flujo de caja, el pago de impuestos. Es decir, una radiografía de la empresa. Solo así se podrá dar paso a la reducción de la jornada laboral”, puntualizó.

El tercer ajuste en análisis es la ampliación de los incentivos para la contratación de jóvenes. El proyecto fija que el beneficio del pago al IESS de estos trabajadores por parte del Estado sea para empleados de 18 a 24 años.

El IESS está abierto a que se realicen ajustes al proyecto original en el tema del seguro de desempleo. Uno de ellos es la posibilidad de que las personas que terminan voluntariamente la relación laboral (renuncian) accedan al seguro de desempleo.

Este tema, que no está contemplado en el proyecto inicial, podría ser incorporado dentro de la reforma.El anuncio lo hizo ayer el titular del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, al finalizar su comparecencia en la Comisión de Derechos de los Trabajadores.

Otro punto de análisis es sobre la forma de acceder a la cesantía acumulada hasta antes de la vigencia de la ley. El proyecto inicial establece que estos recursos no se tocarán y que la redistribución de la cesantía para financiar con una parte de ella (1% del aporte) un fondo solidario de desempleo regirá para el futuro.

Espinosa explicó que las personas que renuncien voluntariamente y estén en el desempleo podrían cobrar su cesantía acumulada, hasta antes de la vigencia de la ley, tras cumplir dos meses en el desempleo. Podría ser el 100% o menos, todo según los requerimientos de cada persona.

Y -añadió Espinosa- luego esta persona también podría acogerse al seguro de desempleo. Esto no se encuentra en el proyecto de ley, pero -a decir de Espinosa- podría llegar a incorporarse en el informe para primer debate.

Pero en el caso de ser despedido se analiza aclarar en el texto que solo se podrá cobrar la cesantía acumulada a partir del mes ocho; es decir, una vez que se haya cobrado el seguro de desempleo.

La idea de que se cobre el acumulado tras este tiempo, según Espinosa, es la siguiente: “preferimos primero darle el beneficio real del seguro y de ahí sí que se beneficie de sus propios recursos”.

Para legisladores de la oposición como Cristina Reyes (Madera de Guerrero) es necesario aclarar temas del texto como el límite para la entrega del seguro de desempleo.

El proyecto de ley establece como tope un monto igual al valor de dos canastas básicas de diciembre anterior; es decir, USD 1 346,42 con base en las cifras del 2015. Sin embargo, no está claro en el texto si esta cantidad es mensual o total.

Según Espinosa, se aplica lo primero; es decir, USD 1 346,42 como límite mensual.

Otro tema por aclarar es si el desempleado accederá a prestaciones en el IESS, como salud. Espinosa explicó que en los dos meses siguientes a la pérdida del empleo el afiliado sí recibirá la cobertura de salud. No obstante de ello, el funcionario explicó que si se tiene que hacer aclaraciones en el proyecto “habrá que hacerlas”.

En contexto

Ayer se desarrolló una accidentada sesión en la Comisión Laboral. Hubo altercados entre Oswaldo Larriva (Independiente) y Betty Carrillo (Alianza País). También, entre Cristina Reyes (Madera de Guerrero) y el titular del IESS, Richard Espinosa.

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