21 de marzo de 2017 00:00

Cuatro efectos en empresas por ajuste de norma

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Carolina Enríquez
Redactora
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Gremios empresariales advierten que el cambio a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 19, que deben aplicar las grandes empresas, genera efectos sobre los trabajadores, la liquidez, los accionistas y el propio Estado.

La NIC 19, sobre los beneficios para los empleados, es parte de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que se aplican en el país desde 2012 y buscan que se utilice un mismo lenguaje en los balances financieros de las empresas de los países donde se aplican.

La NIC 19 sufrió un cambio en el 2014, que debe reflejarse en los balances financieros 2016, que se presentan hasta el 31 de marzo próximo.

Con el cambio, la tasa de interés a usar para calcular el ahorro que deben hacer las empresas por jubilación se relaciona con la moneda y ya no con el país. Como en Ecuador se usa el dólar, una divisa que opera en mercados bursátiles desarrollados, la referencia será la tasa de los bonos corporativos de EE.UU., que es del 4%. Antes del ajuste se aplicaba la tasa de los bonos ecuatorianos, que va del 7% al 10%.

El principal impacto es en el patrimonio de las empresas grandes, debido al incremento en las reservas que deberán hacer las compañías.

La Cámara de Industrias y Producción (CIP) estima que la afectación suma USD 645 millones, con base en un estudio de empresas publicado por la ‘Súper’ de Compañías el 2015, con corte en el 2014.

Un estudio de la firma Actuaria, hecho a 100 empresas, calcula que el aumento de las reservas, en la mayoría de los casos, va de entre USD 50 000 y 450 000. El monto varía de acuerdo a los casos. El cambio generó consultas de las empresas con actuarios, auditores y autoridades. Los criterios han sido diferentes sobre el tema.

La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) considera que
la Superintendencia debiera emi­tir un reglamento para aplicar la NIC 19, dijo Patricio Alarcón, titular del gremio. La Superintendencia indicó que no le corresponde establecer una tasa única para este cálculo. También habrá efectos para trabajadores, accionistas y el Fisco.

Una mano de obra cara


El cambio de la NIC 19 obliga a las empresas a reservar más dinero para el pago de jubilaciones a sus trabajadores en el futuro. Es decir, el empleador tiene que destinar más recursos por gastos laborales. En este sentido, la mano de obra se vuelve más cara.

Para Carlos Ribadeneira, expresidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi) y empresario de diferentes sectores productivos, algunas de las empresas grandes que más se afectan son aquellas que tienen un número mayor de empleados y, principalmente, con mano de obra antigua. Los trabajadores que han cumplido más de 20 años en la compañía pueden acceder a la jubilación patronal parcial y quienes superan los 25 años, a la total.

Para el empresario, las compañías podrían optar por tecnificar los procesos productivos en mayor grado y así reducir el exceso de mano de obra que genera más costos. Eso tiene un efecto negativo en una economía que registró una tasa de de subempleo cercana al 20%, a diciembre del 2016, y otra de desempleo, que bordea el 5%.

Impacto en el SRI

El incremento de las reservas en las empresas también significa aumentar los gastos deducibles, aquellos que sirven para pagar menos impuesto a la renta. Esto ocurre porque al aumentar los gastos se reduce la utilidad de las compañías, que es la base para el pago del impuesto a la renta.

A la larga, esto se reflejará en una menor recaudación tributaria, “necesaria para financiar la provisión de bienes públicos”, explicó la Cámara de la Industria y la Producción (CIP). Esto, según los empresarios, no es positivo, más aún durante épocas de contracción económica, pues se afectarían las metas de recaudación proyectadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI). En enero pasado, la entidad explicó que el objetivo para este año es recaudar USD 13 700 millones.

Entre el 2015 y el 2016, la recaudación del impuesto a la renta, según el SRI, cayó 8%; mientras que la total se redujo de USD 13 371 millones a USD 12 226 millones en ese período, aunque en enero y febrero de este año la recaudación ha venido subiendo.

Menores utilidades

El artículo 97 del Código del Trabajo establece que el empleador, sea una persona natural o una empresa, reconocerá el 15% de las utilidades líquidas para sus trabajadores. El 10% se entregará a cada trabajador y el 5% por cargas familiares. La participación de los trabajadores es el resultado de la resta de los ingresos y los gastos dentro de la contabilidad de la empresa.

Pero la sobreprovisión que deberán hacer las empresas, tras el ajuste normativo a la Norma de Contabilidad (NIC) 19, reduce el monto de utilidades que será distribuido, ya que los gastos deducibles se incrementan.

El analista tributario Carlos Licto explicó que “al haber un gasto más alto se aminora la utilidad contable y, por tanto, también el monto a recibir por los empleados”. El 2016 la contracción económica impactó en el monto de pago de utilidades a los trabajadores.

El 2015, un total de 28 252 empresas registraron ganancias por USD 5 212 millones, un 22% menos que el año previo, según datos de la Superintendencia de Compañías.

La liquidez se reduce

Otro de los efectos por el incremento de la provisión que deben hacer las empresas para el pago a futuro de jubilaciones de los trabajadores es una menor liquidez en las compañías. Con ello tendrán que buscar fuentes de financiamiento para sus operaciones.

“Las empresas pueden quedarse sin capital de trabajo y, en esta situación nacional en la que se requiere liquidez, quedan afectadas”, explica Carlos Licto, abogado tributario, quien considera que el hecho de que una empresa tenga mayores gastos no es positivo, porque se queda sin el dinero para generar actividad económica.

La aplicación del cambio de la Norma de Contabilidad (NIC) 19 afecta también a los accionistas, según la Cámara de Industrias y Producción (CIP), porque una disminución de la utilidad distribuida reduciría la capacidad de reinversión. “Para las empresas, una sobreprovisión reduce el capital de trabajo y, por ende, disminuirá la capacidad para expandir operaciones y emprender nuevos proyectos de inversión”, explicó el gremio.

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