2 de January de 2010 00:00

Efectos de un desacuerdo

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Editorial Diario El Comercio

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Finalmente, como viene sucediendo en los últimos años, fue el Gobierno el que decidió el monto del salario básico unificado que regirá por este año. El Ministerio de Relaciones Laborales se basó en el artículo 118 del Código del Trabajo, que establece que si el Consejo Nacional de Salarios no logra alcanzar un acuerdo entre las partes (Estado, empresarios y trabajadores), el organismo debe fijar el monto del alza para los empleados privados.

Según las autoridades, el incremento corresponde al 4% de la inflación proyectada, 4% del índice de productividad y 2% del llamado “plus de equidad”.

Lo preocupante de la decisión es que refleja visiones diametralmente opuestas sobre la economía,  en un momento en que el país necesita conciliar perspectivas para superar problemas tan urgentes como el alto índice del desempleo, la incertidumbre económica por la excesiva dependencia del precio del petróleo y el excesivo gasto burocrático que el presupuesto oficial anuncia para este año. 

Aunque no fue un elemento decisivo, uno de los aspectos que contribuyó al desacuerdo fue el anuncio gubernamental sobre el llamado salario digno, promesa que fue resultado de un innecesario apresuramiento que derivó en aclaraciones y precisiones oficiales, pero que provocó posiciones inflexibles de los representantes de los trabajadores.

Lo pertinente, y que es una obligación de todos, sería promover la creación de fuentes de empleo, estimular la inversión productiva y  lograr grandes consensos en beneficio de todos los ciudadanos.

Por la falta de acuerdos nadie se siente satisfecho. Pierde el Régimen por su anuncio apresurado, pero también los trabajadores y los empresarios, pues lo que vendrá  sea, quizá, una disminución real de la capacidad adquisitiva.

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