México, AFP
El gobierno de Estados Unidos entregó hoy a México cinco helicópteros de vigilancia con un valor de 66 millones de dólares, la primera entrega de magnitud de la Iniciativa Mérida, el programa conjunto de combate al narcotráfico, informaron autoridades de ambos países.
Los cinco helicópteros tipo Bell “son muy importantes, sustancial y simbólicamente, en esta cooperación, pero son sólo un eslabón dentro de una cadena de hitos importantes” en la lucha antidrogas en México, dijo John Brennan, asesor de la Casa Blanca en seguridad interna y contraterrorismo, en la ceremonia de entrega celebrada en las instalaciones aeroportuarias del ejército mexicano de la capital mexicana.
A casi tres años del lanzamiento de la Iniciativa Mérida, y contando esta entrega, Washington únicamente ha transferido a México equipamiento por un valor de 82 millones de dólares de los 1 100 millones aprobados por el Congreso para el periodo 2008-10, según información proporcionada a la prensa por la embajada estadounidense en México.
La agudización de la violencia de los cárteles mexicanos, a los que el gobierno responsabiliza de más de 14 000 homicidios en los últimos tres años, se concentra fundamentalmente en la frontera con Estados Unidos.
Ante autoridades mexicanas, Brennan reconoció la responsabilidad estadounidense en la lucha contra estas organizaciones.
“Estos retos son desalentadores pero los estamos enfrentando”, sostuvo el funcionario, quien estuvo acompañado por Victor E. Renaur, jefe del Comando Norte del Ejército norteamericano.
Los helicópteros transferidos, que carecen de poder de fuego, están destinados a apoyar las actividades tácticas del Ejército mexicano, que tiene a casi 50 000 soldados desplegados en el territorio mexicano contra el narcotráfico, aclaró por su parte Julián Ventura, viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte.
Washington tiene previsto enviar próximamente tres aviones tipo Casa y tres helicópteros Black Hawk a México, también en el marco de la Iniciativa Mérida, firmada en marzo de 2007 por los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón ante la alarmante escalada de violencia del crimen organizado en la frontera común y que después se amplió a América Central, Haití y República Dominicana.