340 profesores están indagados por denuncias de abuso sexual a estudiantes

En esta aula  fueron abusados los 41 niños de un colegio de Quito. Foto: Fernando Medina / EL COMERCIO

En esta aula fueron abusados los 41 niños de un colegio de Quito. Foto: Fernando Medina / EL COMERCIO

En esta aula fueron abusados los 41 niños de un colegio de Quito. Foto: Fernando Medina / EL COMERCIO

El salón de clases donde el profesor de ciencias naturales abusaba de 41 niños permanecerá cerrado y solo se abrirá para hablar exclusivamente de la violencia infantil. Así se recordará a lo ocurrido en un colegio del sur de Quito.

El docente responsable paga una condena de siete años de cárcel. Pero el Ministerio de Educación no ha cerrado el caso, pues aún indagan el grado de responsabilidad administrativa que tuvieron las autoridades del plantel y el profesor.

Procesos administrativos similares se han abierto en los últimos cuatro años a 340 docentes en el país. La Secretaría de Estado dice que en estos casos también interviene la Fiscalía. Ellos fueron denunciados por abusos a estudiantes y en ese grupo está Luis, un maestro que fuera sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión por agredir sexualmente a una niña de 4 años.

Según la Fiscalía, el hecho se produjo en una escuela unidocente en Molleturo, en Cuenca. En el expediente se detalla que el maestro abusaba de la menor en el recreo y en un aula. Los agentes dicen que el mismo maestro fue investigado por abuso sexual y violación en contra de otros cuatro estudiantes. Por eso recibió otras dos penas, de 29 y 8 años.

Para el Defensor Público Ernesto Pazmiño, la agresión sexual de docentes en contra de alumnos “es preocupante” en el país, pues demuestra que “hay falencias en el sistema educativo en relación con la selección y el control a los profesores”.

Gian Carlos Drout, subsecretario de Educación, dice que durante la selección, a los maestros les toman pruebas psicométricas, de conocimiento e interacción en las aulas. Pero dice que no se realizan evaluaciones psicológicas y explica la razón: “Se estaría atentando contra los derechos de los ciudadanos”.

En esto no está de acuerdo Pazmiño, quien dice que la evaluación psicológica en los docentes es necesaria, pues así se puede determinar si existe alguna patología o trastorno. “Esto garantizaría los derechos de los menores”.

En los procesos judiciales, el análisis psicológico es una de las pruebas más importantes. Por ejemplo, así se descubrió que un maestro, investigado por abuso a dos estudiantes en Guayaquil, había sido abusado por su padre cuando era niño.

Para los padres de niños afectados, la selección de los maestros debe ser más rigurosa. Además, piden que exista un protocolo de atención cuando se detectan estos casos. El Ministerio de Educación dice que sí existe, y consta de tres puntos. Primero se aleja al profesor del niño, luego se le prohíbe acercarse al menor y por último se reubica al maestro en un puesto administrativo, sin contacto con alumnos.

Dos casos en un colegio particular del norte de Quito

Las autoridades colocaron en un puesto administrativo a un profesor de natación que es indagado por la denuncia de abuso sexual contra un niño de 5 años en un colegio privado del norte de Quito. La madre del pequeño reveló que cuando supo de los hechos retiró al niño de la institución y con ayuda de un psicólogo pudo reintegrarlo en otra escuela.

El 2 de febrero de 2017 se realizó un plantón para que se sentencie a un profesor de un colegio particular de Quito, por el caso de un niño víctima de abuso sexual cuando tenía 5 años. Foto: EL COMERCIO.

La Justicia investigó el caso. En el expediente judicial se detalla que el sospechoso obligaba al menor a que le practicara sexo oral. El niño no paraba de llorar en las noches y tenía pesa­dillas. Tampoco jugaba y no quería ir a clases.

En ese mismo colegio particular del norte de Quito se denunció otro caso. La Fiscalía investiga a un profesor por el envío de mensajes de texto de índole sexual a una estudiante. La madre de la adolescente de 14 años dice que recurrió a un psicólogo privado, pues su hija estaba gravemente afectada.

Para la agrupación Rescate Escolar, dedicada al seguimiento de abusos a niños, estos hechos no deben quedar impunes, ni en el sistema ju­dicial ni en lo administrativo. Asegura que el Ministerio de Educación no ha sancionado o cerrado establecimientos educativos en donde se vulneró a más de un estudiante.

Gian Carlos Drout precisa que una causal para cerrar las instituciones educativas es que se compruebe que hubo un encubrimiento por parte de las autoridades. Él indica que sí se sanciona.

¿Cuántos colegios han sido amonestados o cerrados por abusos a niños? Esta pregunta hizo EL COMERCIO al Subsecretario de Educación. “No le puedo decir, la confidencialidad de las investigaciones ­está establecida en el Código Penal”, respondió Drout. Lo que sí informó es que se han ajustado los procesos para evitar abusos: uno de esos fue fortalecer los Departamentos de Consejería Estudiantil; según el Subsecretario, existe un psicólogo por cada 450 alumnos, y se habilitaron canales para denunciar.

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