12 de julio de 2014 00:00

La educación municipal entra en las enmiendas

El Colegio Sebastián de Benalcázar es uno de los planteles más tradicionales de la ciudad.

En la Unidad Educativa Quitumbe, niños y padres aprenden el cuidado de los huertos. FOTOS: Armando Prado/ El Comercio

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Mariela Rosero Ch. Redactora
mrosero@elcomercio.com

El Colegio 9 de Octubre, ubicado en la parte alta de La Gasca, queda a solo 3,5 kilómetros en línea recta del Sebastián de Benalcázar, en la av. 6 de Diciembre. Ambos se encuentran en el norte de Quito. Pero constituyen la cara y la cruz del sistema educativo municipal.

Este sistema está hoy en el centro, luego de que una de las 17 enmiendas que Alianza País busca introducir en la Constitución se refiere a las competencias de los gobiernos seccionales. El oficialismo busca que sea tarea del Estado central la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en materia de salud y educación y ya no de los gobiernos locales.

Más allá del alcance que tiene esta reforma, enfocada al tema de la infraestructura, el debate por sí solo es sensible en Quito, donde la educación municipal ha sido una tradición.

Hasta el 2010, el Colegio 9 de Octubre era un centro artesanal que ofrecía ciclo básico y un título en Corte y Confección. Desde ese año, por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cambió.

Tiene 148 alumnos en bachillerato general unificado. Y 100 más en el ciclo básico acelerado, iniciativa capitalina, por la que desde el 2009, 8 600 jóvenes de 15 a 21 años han concluido el décimo de básica.

Uno de esos estudiantes es Kevin Yacelga, quien no pasó de curso en el Mejía. Decidió acceder a esta opción y no perder tiempo. Su padre es chofer y su madre, secretaria. Este año se graduó y quiere ser militar.

Su compañero Brian Quillupangui, de padres albañil y ama de casa, llegó al plantel al no hallar cupo en el Central Técnico. Quiere estudiar ingeniería, pero sacó menos del puntaje necesario para obtener un cupo en la universidad.

Para el exespecialista de educación de Unicef, Juan Pablo Bustamante, el sistema metropolitano -que hoy dirige- es “un espejo de la ciudad”. En un grupo de sus planteles estudia la clase media y en otros, la población vulnerable, en la que quiere concentrarse.

En junio pasado, para el octavo de básica del año lectivo 2014- 2015, se registraron 11 aspirantes en el 9 de Octubre, que disponía de 14 cupos.

Otra fue la historia en el Benalcázar, que tuvo 1 555 preinscritos y 164 cupos. La relación fue de 9,5 interesados por cada plaza. Este plantel es el prototipo del prestigio y de la calidad, que diferencia a los municipales de otros planteles públicos.

Esa es la percepción de padres de familia que recuerdan que este sistema fue el pionero en brindar Bachillerato Internacional y en elegir a sus profesores por concurso.

No ha enfrentado paros de docentes pues siempre pagó a tiempo y mejor. Además, instalaciones como las del Espejo, el mismo Benalcázar y Fernández Madrid atraen porque disponen de piscina y canchas... Por eso en junio hubo 9 818 preinscritos para apenas
1 799 cupos sorteados para el año lectivo 2014- 2015.

Antes de la Ley de Educación Intercultural, los padres de familia de un grupo de planteles municipales contribuían con unos USD 100 al año. Y con extras, regulados en una Ordenanza que fue eliminada para no chocar con esa ley.

La eliminación de esas ayudas, según Villamar, ha ocasionado que en ocasiones falte dinero para pagar por el diésel de la piscina del F. Madrid. Esto porque el presupuesto de estos centros es solo municipal.

Ese punto, el de los recursos, es el que está en debate en la enmienda constitucional enviada por el Ejecutivo. En la propuesta no se discute sobre la competencia de los municipios para prestar servicios educativos sino sobre qué instancia debe dotar de infraestructura y equipamiento. Eso recalca Juan Pablo Bustamante, secretario de Educación Municipal.

También señala que ambas son competencia de los gobiernos locales. Pero apunta que “los recursos públicos no han sido canalizados a través de ellos sino a través del Ministerio de Educación”. Por eso dice que con el cambio el Gobierno solo refrendará su práctica.

En una conferencia en Flacso, el exalcalde Augusto Barrera señaló que lo que el Estado debe garantizar es que un ciudadano que nace en la González Suárez o en Guamote Alto tenga iguales condiciones para educarse. Que el Municipio sea pobre o rico no debe ser el parámetro para que eso suceda.

A Quito no le preocupa perder la competencia. La Ley garantiza la existencia de la educación municipal. Lo que se quiere es trabajar en igualar las oportunidades para sus estudiantes.

El exconcejal Fabricio Villamar presidió la Comisión de Educación. Y asegura que el Benalcázar es como “la estrellita de Navidad”. Por eso pide observar la realidad de otros como el Juan Wisneth, otro de los ocho colegios que fueron artesanales.

La Unidad Educativa Quitumbe, en la Morán Valverde, en el sur, es otro ejemplo de educación diferenciada. Tuvo 14, 9 aspirantes por cupo en junio. Al ingresar en sus instalaciones se oye la programación de una radio interna. Estudiantes y profesores participan, se tratan por el nombre, en clase pueden contradecirse. Se destacan por trabajar en proyectos como huertos que cuidan todos y por su banda sinfónica. Son uno entre 34 centros educativos municipales.

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