24 de abril de 2018 16:59

Juez panameño ordena la detención de ecuatoriano por tráfico de migrantes

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Agencia EFE

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Un juez de Garantías de Panamá ordenó la detención provisional de un ecuatoriano acusado por el delito de tráfico ilícito de migrantes en perjuicio de dos menores de 17 años también ecuatorianos, informó hoy (24 de abril del 2018) el órgano Judicial (OJ).

El juez de Garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA), Frank Torres Ruíz, decretó dicha medida cautelar personal al hombre, no identificado y de 54 años, aprehendido el domingo pasado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá.

Torres concedió un plazo de investigación de 6 meses y basó su decisión en que se trata de un delito de gravedad con pena de 20 a 30 años de prisión, y además en que el ecuatoriano no tiene arraigo domiciliario ni laboral y existe el peligro de fuga porque tiene dos pasaportes, uno español y otro ecuatoriano.

Explicó el juez que esta medida es para garantizar el proceso ya que son delitos que se manejan por terceras personas que pueden ser parte de una organización, lo cual significa un riesgo que pone en peligro la vida de los menores al estar expuestos a los traficantes toda vez que quedó acreditado el hecho punible, señala un comunicado del OJ.

Antes de decretar esta medida, el juez aceptó otras solicitudes del fiscal Gregorio Rodríguez sobre legalización de la aprehensión, ya que se cumplieron los términos de tiempo y no hubo violación de los derechos ni de las garantías fundamentales.

El fiscal pidió además la imputación del ecuatoriano y detalló los elementos de convicción por los hechos ocurridos como autor del delito ya que colaboró, facilitó y participó en el hecho delictivo.

Según lo relatado por el Ministerio Público (MP), el ecuatoriano, junto a los dos menores fueron aprehendidos cuando el Servicio Nacional de Migración (SNM) se percata de algunas anomalías.

Las irregularidades, de acuerdo con el SNM, guardan relación con que los menores se hospedarían en un hotel de la localidad, donde los recogería otra persona con destino a Costa Rica y luego a Estados Unidos por la suma de USD 14 000, detalla el comunicado.

Por su parte, La defensora pública Natividad Ortíz no presentó objeción a la legalización de la aprehensión ni a la imputación, pero se opuso a la medida cautelar por considerar que los menores, ambos de 17 años y a órdenes de la Secretaría Nacional de Niñez y Familia, cuentan con la autorización y conocimiento de sus madres para que viajaran y uno de ellos es sobrino político de su defendido.

En ese sentido, la defensora solicitó una medida menos severa de reporte periódico e impedimento de salida del país.

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