El Juzgado Quinto de Inquilinato tiene plazo hasta hoy para emitir un dictamen sobre el recurso de protección planteado por familias de la Cooperativa de Vivienda Cañar. Ellas fueron desalojados el viernes pasado. La Policía cumplió una resolución del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).
Miguel Sarmiento, representante de los afectados por la medida, explicó que también están a la espera de que se cumpla con el trámite de apelación a la resolución planteada ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como organismo superior al INDA.
“Nosotros apelamos el mismo día que se emitió la orden de desalojo. La apelación, mientras no se resuelva, suspendía cualquier acción. Por ello, fue ilegal el violento operativo realizado por la Policía”, dijo Sarmiento.
El intendente del Guayas, Julio César Quiñónez, desmintió los excesos de los que se acusa a la Policía durante el operativo.
“Cuando los 200 policías llegaron, se encontraron con gente armada. Más bien diría que hubo exceso por parte de las personas que estaban allí. Hubo 10 detenidos que pasaron a órdenes de las autoridades respectivas”.
Quiñónez aclaró que lo que se hizo fue cumplir con la resolución del INDA. La Policía retiró a las personas que vivían en el km 5,5 de la vía a Las Iguanas, sector conocido como La Ladrillera.
El INDA resolvió a favor de la Compañía Anónima Inmobiliaria El Jazmín, de Antonio Saad Chedraui, en el litigio por 132 hectáreas ubicadas en el bloque 22 de Flor de Bastión.
La mayoría de las 500 familias desalojadas permanecen en los exteriores de los terrenos, junto a la vía. Tienen la esperanza de volver a los lotes que ocupaban desde el año pasado.
Mañana viajará a Quito una delegación para dialogar con el Ministro de Agricultura.