29 de July de 2010 00:00

Los tres jueces fueron suspendidos

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Reds. Judicial y Esmeraldas

El presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, dispuso la apertura de sumarios administrativos contra tres jueces de la Corte de Justicia de Esmeraldas.

Ellos son Iván Guerrero Drouet, Joel Arias Vélez y Víctor Guilcapi Cevallos, quienes ordenaron la excarcelación (el martes por la madrugada) de cinco personas que participaron en las protestas ocurridas el 19 de julio en La Concordia .

Ese día, el presidente de la República, Rafael Correa, acudió a ese cantón para explicar cómo La Concordia decidirá a qué provincia quiere pertenecer. Correa aseguró que habrá una consulta popular y que los pobladores deberán escoger entre Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Pero en medio del evento se lanzó una bomba lacrimógena y hubo enfrentamientos entre la Policía que custodiaba al Presidente y los manifestantes.

Cevallos aseguró que el accionar de los jueces se revisará para determinar si existen bases para destituirlos. Mientras tanto, ellos fueron sancionados “de forma preventiva” con una suspensión de 90 días sin sueldo.

Ayer, el ambiente fue de tensión en la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. Los empleados judiciales que trabajan con los jueces dijeron que aún no se designa a los reemplazos y que las causas se estancan.

El alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán, dijo que las marchas que se han realizado para demandar que La Concordia pertenezca a la ‘Provincia Verde’ también son una muestra de respaldo hacia los jueces.

Omar Mina, delegado de la Defensoría del Pueblo, y Estuardo Quiñónez Arroyo, presidente del Colegio de Abogados de Esmeraldas, se sumaron a las muestras de apoyo.

Ambos presentaron una acción de hábeas corpus ante los jueces de la Única Sala de la Corte Provincial de Justicia de esa provincia, para que se liberara a los manifestantes. “Fueron privados ilegal, arbitraria e ilegítimamente de la libertad”, refirió Quiñónez.

Cevallos, en cambio, afirmó que es de competencia exclusiva del Juez de Garantías Penales la revisión o sustitución de la prisión preventiva dentro de la instrucción fiscal. “No al juez que conoce la acción de hábeas corpus, quien debe limitarse a examinar si la privación de libertad ha sido o no ordenada”.

El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, solicitó a la Judicatura profundizar las investigaciones del caso La Concordia.

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