Hoy es un día decisivo para el Comité de Operaciones Emergentes del Azuay (COE). Las autoridades pedirán al presidente Rafael Correa que declare el estado de excepción en la zona 1 de La Josefina, donde se realiza actividad minera sin control.
El Decreto Ejecutivo 9-29 (junio 1999) declaró a esta área sensible como Zona Minera Especial. Los cerros Tamuga, Misquillacu y Shishio conforman ese espacio. Allí se prohibió la entrega de permisos de explotación y de cualquier actividad minera. Pero pese a las alertas y amenazas de un nuevo desastre, eso no se cumple.
fakeFCKRemoveLos estudios del Consejo de Gestión de Aguas de la cuenca del río Paute (CG Paute) y de la Dirección Regional del Ministerio de Recursos no Renovables advierten que la actividad extractiva pone en riesgo las obras ejecutadas (umbrales, puentes, carreteras) tras el desastre de 1993.
Según Carlos Fernández de Córdova, director ejecutivo del CG-Paute, el cauce del río Paute descendió más de 6 metros del nivel normal. La causa es la extracción de materiales de construcción del río. “Hay el peligro de que colapsen las obras de protección de la cuenca”.
La zona 1 va desde El Descanso hasta la confluencia de los ríos Jadán y Paute (incluye los cerros Tamuga, Misquillacu y Shishio). Por allí atraviesa una falla geológica y con la explotación minera aumentan la vulnerabilidad y el riesgo de otro desastre.
En este sector, 20 millones de m³ de tierra del cerro Tamuga cayeron y represaron ambos ríos. En total fueron cerca de 300 millones de m³ de agua, casi 110 menos de lo que tendrá la presa de la central Mazar.
El perjuicio y los efectos secundarios se extendieron a 18 cantones de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Fue la peor tragedia que vivió el país. Ecuador y la Unión Europea invirtieron más de USD 20 millones en infraestructura y rehabilitación económica.
Además de los estudios del CG-Paute y de la Dirección Regional del Ministerio de Recursos, hay otras cuatro investigaciones técnicas elaboradas por la Prefectura del Azuay, el Municipio de Cuenca, el Ministerio del Ambiente y la Unión Europea que ratificaron que hay un peligro patente de otro macrodeslizamiento.
Por eso, el martes último, el COE liderado por el gobernador Leonardo Berrezueta, declaró la emergencia. Es la tercera vez, en los últimos 10 años, que se aplica esta medida. En ese lapso, en 10 ocasiones los ministerios de Minas y del Ambiente obligaron a suspender toda actividad minera extractiva en esta zona.
Pero casi siempre, las empresas emplazadas en este lugar y que laboran de forma ilegal (porque no hay permisos en la zona) suspenden las actividades en el mejor de los casos 15 días, señaló Fernández de Córdova.
Por esta razón, el COE resolvió que los militares realicen controles sorpresivos en la zona. Pero el control sigue siendo escaso.
Anteayer se cumplió un operativo con los uniformados. Ese día encontraron a una empresa que seguía en las tareas de lavado y comercialización de áridos (ripio, piedras…). Según Galo Sánchez, director de Minas del Azuay, el infractor suspendió la actividad.
El presidente de la Cámara de la Minería de Azuay, Patricio Vargas, insistió en que es necesaria una estabilización del cerro Tamuga, a través de un plan que permita aprovechar los 400 000 m³ de material que están en riesgo de caerse y que podrían servir para la obra pública y privada.