Una retroexcavadora y dos volquetas trabajaban en la orilla del río Blanco, en la parroquia Valle Hermoso. La pala mecánica extraía material pétreo, que es utilizado en la construcción de carreteras.
Los moradores de esta parroquia, en el km 25 de la vía Santo Domingo- Esmeraldas, aseguran que el caudal del río se está alterando. Creen que en invierno se sentirán los efectos.
Verónica Narváez, moradora de la zona e ingeniera ambiental, advierte que “Valle Hermoso es un sector de alto riesgo. Los poblados están muy cerca del río y al alterarse su cauce, la presión del agua sobrepasará las riberas y habrá inundaciones”.
La presidenta de la Junta Parroquial, Carmen Porras, asegura que ha solicitado a la Secretaría provincial de Gestión de Riesgos un proyecto de prevención.
Según Riesgos, en noviembre se iniciará un ciclo de capacitación a los moradores sobre inundaciones. Pero no hay nada concreto para frenar la extracción de material pétreo del río Blanco.
Los ministerios de Salud y de Recursos No Renovables, a través de la Agencia de Regulación y Control Minero, se encargan de controlar a las empresas.
Según José Luis Cevallos, director provincial del Ministerio del Ambiente (MAE), no hay un registro del número exacto de minas en Santo Domingo.
“Calculamos que son 20”. De este total, el 60% (12) dice que tiene en marcha los procesos legales para obtener la licencia ambiental.
Este tipo de trámites demoran hasta un año. Las concesiones de explotación pueden ser de hasta 30 años.
El número restante -agrega Cevallos- opera sin permisos. Ambiente ha recibido cinco denuncias de la población.
En enero de este año fue sancionada una mina de la firma Herdoíza Crespo por supuestamente operar sin permisos. La multa fue de USD 37 823.
“Pero de nada sirvió, porque siguen en la zona”, señaló Vinicio Arteaga, dueño de un inmueble en Valle Hermoso.
La empresa dijo, por correo electrónico, que tiene la licencia ambiental y con el “ libre aprovechamiento de minas otorgado a favor del Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, que a su vez nos delega el uso del mismo para la construcción de obra pública”.
El Director de Ambiente afirmó que se tiene previsto hacer un operativo de control con personal de la Arcom, de Guayaquil, para verificar la idoneidad.
“Ellos tienen la competencia para clausurar. No se sabe cuándo vendrán. Nosotros solo podemos sancionarlos económicamente”, señaló Cevallos.
A la lista de sancionados durante este año se suman otras siete empresas, en la provincia.
El Ministerio del Ambiente ha recaudado USD 1 millón por las multas. Hay empresas que han pagado desde USD 6 000 hasta 60 000, según el tiempo y el área de explotación.
Según el MAE, el dinero fue depositado en las cuentas del Estado. Además, es reinvertido en un proyecto de forestación que se inició hace tres meses en 300 hectáreas en la parroquia El Esfuerzo. La remediación en cada hectárea cuesta USD 550.
“Me parece correcto el proyecto de reforestación, pero eso no soluciona el problema”, dijo Tex Montesdeoca, propietario de la operadora de turismo Textreme.
Lo que hay que hacer es frenar la contaminación. Montesdeoca afirma que en estos sitios ya no se puede practicar deportes acuáticos. “El río se ha achicado”.
La directora de Turismo del Municipio de Santo Domingo, Salomé Franco, reconoció que la explotación ha retrasado un proyecto para hacer rafting. Era una ruta acuática desde Alluriquín hasta l Valle Hermoso.