Un ambiente de un intenso movimiento de usuarios marca el día a día en el Registro de la Propiedad de Guayaquil. Y es mucho más desde el 6 de octubre pasado, cuando la entidad reabrió sus puertas tras 20 días de paralización.
La destitución del anterior registrador provocó el cierre temporal de las dependencias en Víctor Manuel Rendón y Panamá, centro de Guayaquil. Al menos ya no se evidencian en los exteriores las largas filas de usuarios como en los primeros días.
Para atender y despachar los trámites represados se habilitaron tres ventanillas más. En la planta baja los usuarios pueden optar por ocho ventanillas. En general, al día se atiende un millar de trámites en promedio.
En las últimas semanas la actividad en el despacho de trámites se ha basado en las certificaciones que los usurarios requieren para el programa de vivienda Mucho Lote II. La semana anterior se presentaron 300 documentos de trámites diarios.
Debido a que la presentación de documentos para ese plan estaba en marcha y la entidad permanecía cerrada, la disposición fue que se diera prioridad a los que requerían ese certificado.
Efrén Roca fue nominado por el Consejo de la Judicatura como registrador de la Propiedad encargado. Él fue funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez y trabajaba de asesor del Ministerio de Finanzas cuando recibió el llamado para este cargo.
El funcionario recomendó a la ciudadanía que, al comprar una casa o terreno, tiene que solicitar una historia del dominio, para evitar estafas. “En repetidas ocasiones se han presentado casos en los que una vivienda ha sido vendida a varias personas”.
Entre sus primeras acciones, dispuso que tres abogados brindaran asesoría a los usuarios. Quienes deseen este servicio gratuito pueden ubicar los cubículos en la planta baja.
Pero el pasado 29 de octubre, el Municipio de Guayaquil hizo una convocatoria pública al concurso de merecimientos para optar por el cargo de Registrador de la Propiedad.
Se basó en el artículo 142 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que consagra que la administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos municipales.
Pero Roca considera no procedente dicha convocatoria. “Presenté una acción de inconstitucionalidad para que se dejara sin efecto esa convocatoria. Cuando se cumpla con todos los requisitos legales yo entregaré el Registro a quien sea designado en un concurso legal, procedente y constitucional”.