8 de October de 2012 00:02

Polémica por el contrato para estabilizar el cerro Tamuga

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La adjudicación directa del contrato a la empresa Equitransa, para estabilizar el cerro Tamuga en la zona 1 de La Josefina, sigue generando polémica. El Concejo Cantonal de Cuenca exige información detallada sobre los justificativos del contrato.

En el 2010, el Gobierno declaró en estado de excepción a la zona 1 de La Josefina. Comprende desde el cerro Tamuga hasta 500 metros aguas abajo en la confluencia de los ríos Paute con el Santa Bárbara. El área incluye los cerros Tamuga, Mishquiyacu, Shishío y Tubón, que ocupan territorios de los cantones Paute, Gualaceo y Cuenca, en Azuay. Antes de eso, varios estudios técnicos confirmaron el riesgo de un colapso del Tamuga, por la sobreexplotación minera, que pudiera desencadenar un macrodeslizamiento, con una tragedia similar a la de 1993. Por eso, con el Decreto Ejecutivo, se dispuso también la ejecución de un proyecto de estabilización.

La primera fase incluyó la estabilización del Tamuga y se cumplió de forma directa por parte del Consejo Provincial de Azuay y los municipios de Cuenca y Paute, bajo la dirección técnica del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute (CG-Paute). Entre el 2006 y el 2010 se extrajeron alrededor de 1,9 millones de m³ de áridos, que fueron reutilizados en la obra pública de los tres cantones. Un experto contratado con el CG-Paute, que realizó el plan de estabilización del Tamuga, señaló que en total deben retirarse 3 millones de m³.

Por eso, en agosto pasado, la Secretaría Nacional de Agua (Senagua) adjudicó la segunda fase de la estabilización de los cerros Tamuga, Tubón, Shishío y Mishquiyacu a la empresa guayaquileña Equitransa, por USD 6,7 millones. La fiscalización se otorgó a Acotecnic por USD 430 285 y la supervisión la asumirá Senagua.

Esta estabilización del Tamuga se hará por etapas. La primera contempla el retiro de 922 000 metros cúbicos de material para quitarle peso. Esos áridos también se repartirán entre los tres municipios para la ejecución de obras en sus jurisdicciones.

Pero la adjudicación es cuestionada por varios sectores, porque se hizo sin concurso público, bajo la figura de emergencia. Para el concejal de Cuenca Tarquino Orellana, es inconcebible esa figura cuando el estado se excepción se declaró en el 2010.

Por eso, 11 de los 15 concejales de Cuenca solicitaron al alcalde, Paúl Granda, información detallada del proyecto: por qué se contrató a una empresa guayaquileña y por qué el Municipio de Cuenca fue excluido del Comité de Cogestión que adjudicó el contrato, cuando las obras involucran a los tres cantones.

Los municipios de Gualaceo y Paute tampoco son parte del Comité. Además, Orellana emitió un documento con sus objeciones al gobernador y presidente del Comité de Gestión, Humberto Cordero. Él a su vez señaló que la ley les faculta la figura de contratación por emergencia.

El tema fue incluido en la Sesión del Concejo, del lunes pasado, pero se suspendió. La razón: Según la concejala Cecilia Alvarado, se intentó desviar el asunto entregando documentación de los estudios técnicos, geológicos y de geotecnia del Tamuga.

Para Alvarado, la estabilización de los cerros no está en duda, sino el contrato y la integración del Comité. Otro reparo de Alvarado es que Equitransa tiene como accionistas a una empresa nacional con el 10% de acciones y a otra extranjera con el 90%, domiciliada en las islas británicas.

Ella al igual que el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, cree que se pudo delegar el contrato a las entidades públicas que ejecutaron la primera fase de estabilización, y sin ningún costo para el Estado.

El monitoreo

El Comité de Gestión lo integran el Gobernador del Azuay, Senagua y los  titulares del Ministerio del Ambiente, Secretaría de Gestión de Riesgos y Arcom.

Las cláusulas del contrato serán  monitoreadas por 17 estaciones ubicadas en los cuatro cerros que quedaron sensibles desde 1993.

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