20 de July de 2010 00:00

El Miduvi valora el costo de los predios en La Josefina

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Redacción Cuenca

El Comité de Operaciones Emergentes (COE) de Azuay deberá esperar hasta fin de mes para conocer el catastro y avalúo de la zona uno de La Josefina, en Paute.

El informe lo realiza la Dirección de Avalúos y Catastros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Esa labor fue encargada tras la declaratoria del estado de excepción por parte del Régimen.Esta medida rige desde 17 de junio en la zona especial de La Josefina. En siete estudios realizados en los últimos cinco años se determinó que persiste el riesgo de otro desastre natural como el ocurrido en 1993.

Mencionan la inestabilidad de los cerros Tamuga, Shishío y Misquillacu. También, la acelerada erosión de las márgenes del río Paute y un descenso del nivel del lecho del río en 10 metros, dijo el director del Consejo de Gestión de Aguas del río Paute, Carlos Fernández de Córdova.

El informe del Miduvi debía estar listo la semana pasada, pero según Paúl Sotomayor, de Avalúos y Catastros del Miduvi, los municipios de Gualaceo y Paute, que tienen jurisdicción en el sector, no tenían actualizados los catastros rurales.

El director de Avalúos del Municipio de Paute, Marcelo Coello, admitió esa falencia.

Según Sotomayor, en el estudio se determinará la valoración de los terrenos para las indemnizaciones. Se lo hará en función del tipo de suelo, ubicación, si hay cultivos, infraestructura y servicios básicos.

El precio final también se fijará en función de un estudio de mercado. Sotomayor dijo que en ningún caso se tomará en cuenta la posible utilidad y actividad minera del predio.

Esteban Sinchi, técnico del Miduvi que trabaja en el sitio, señaló que ya han identificado a 28 propietarios en la zona, pero su trabajo continuará en las 400 hectáreas intervenidas.

El Ejército y la Policía controlan el paso de las volquetas con los materiales de construcción en la vía que une a Cuenca con Gualaceo y Paute. Siete uniformados y dos patrullas registran las guías de remisión de la procedencia del material.

El gobernador azuayo, Leonardo Berrezueta, prevé declarar a la zona de utilidad pública, elaborar un reglamento para su uso y aplicar indemnizaciones.

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