12 de July de 2010 00:00

Malacatos protesta contra la actividad minera

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Redacción Loja

El Concejo Cantonal de Loja aprobó en primer debate por unanimidad una ordenanza para regular la actividad minera en el cantón.

fakeFCKRemoveLa decisión fue adoptada por la presión de los moradores de la parroquia Malacatos, ubicada a 30 minutos de la capital lojana.

Ellos pidieron control a la explotación indiscriminada de los lechos de los ríos, de donde se extraen piedra, ripio... para el sector de la construcción.

La norma busca controlar la regulación, autorización y control de la explotación de esos materiales en los lechos de ríos, lagos y canteras del cantón.

Según la edil Cristina Meneses, con estas competencias que ya constan en la Constitución, la Ley de Minería y su reglamento, el Municipio tomará un estricto control sobre la explotación irracional de esos recursos. Ahora, la normativa debe ser aprobada en segundo debate.

“No estamos en contra de esa actividad, sino de los daños causados por la falta de un manejo técnico y de planes de mitigación”.

Malacatos tiene 6 546 habitantes. Su población se dedica a la producción agrícola, como el cultivo de caña y frutales.Por la actividad minera hay problemas en zonas como Santa Cruz. Hubo reclamos por el desvío del río y la afectación al sistema de riego de seis familias.

Esas personas lograron que la Prefectura de Loja les donara una bomba para extraer agua del río y regar sus cultivos de maíz y caña.

Según Ignacio Ochoa, uno de los usuarios, para regar ocho horas al día requiere cuatro galones de gasolina (USD 12).

Además, está pendiente del riego todo el día, “antes solo soltábamos el agua durante la mañana y regábamos todos”. En la actualidad, Ochoa debe cuidar el funcionamiento de la bomba y durante un día solo riega una familia. “Nos turnamos”.

En la comunidad de Santa Cruz, Humberto Tacuri, de 49 años, dice que la minería incidió negativamente en la población. “Al menos 10 familias salieron en los últimos seis años”.

Para él, algunas de las causas son el desbordamiento del río Malacatos, que afecta a los cultivos, y el malestar constante por el polvo que producen los vehículos pesados dedicados a la minería.

La actividad minera afecta también a otras parroquias como Vilcabamba, Quinara y Yangana. Según un informe elaborado por una comisión interinstitucional de Loja (abril del 2008), en total existen 48 concesiones mineras en esas parroquias. Ahora, 15 están en la fase de explotación.

El minero Jorge Paredes, quien vive en Malacatos, pide que se alcancen acuerdos entre concesionarios y autoridades para mejorar la actividad y no suspenderla.

“Esto sería grave porque dejaría sin fuente de trabajo a centenares de familias”, agrega Paredes. En cada concesión trabajan entre cinco y 20 personas de la parroquia. Según él, a eso se suman las decenas de transportistas que trasladan el material y las familias que se dedican a la compra y venta de piedra y arena.

Julio Soto tiene una concesión de 3 hectáreas en Malacatos. Él considera que el Ministerio de Minas y el Municipio deben dialogar con la comunidad para hallar acuerdos. “No son necesarias medidas extremas, porque los daños no son alarmantes”.

La población de Malacatos se reunió el pasado 27 de junio para exigir a las autoridades acciones inmediatas. El presidente de la Junta Parroquial, Vicente Ochoa, cree que la decisión del Cabildo lojano es uno de los primeros pasos a favor de los afectados.

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