9 de May de 2010 00:00

Las invasiones amenazan la reserva Cotacachi-Cayapas

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Arturo Torres

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Víctor Antonio Flores luce perturbado, inquieto. Sus ojos negros penetrantes se posan como dagas sobre los forasteros que acaban de llegar a su morada: una endeble casa de madera con techo de plástico en cuyo interior hay una tienda de campaña.

Flores, que está por cumplir 69 años, instaló su pequeño campamento en un predio enclavado en un sector selvático cerca del río Canandé, en la parroquia Malimpia del cantón Quinindé, al sur de Esmeraldas.

Para llegar a esta inhóspita región, localizada dentro del patrimonio forestal de la reserva Cotacachi-Cayapas, entre Esmeraldas e Imbabura, hizo dos viajes, cargando en la espalda más de 80 libras con ropa, alimentos, utensilios' Seis horas a pie por un camino de herradura, atravesando dos ríos, tres esteros, quebradas y lomas empinadas. Trajo todo lo necesario para subsistir mientras se asentaba definitivamente en el lote que su hija Doris adquirió en Santo Domingo de los Tsáchilas, a una cooperativa cuyo nombre prefiere ocultar.

“Luego de mi llegada (hace dos días) ubiqué a mi yerno Patricio, que también tiene su lote monte arriba. Mientras conversábamos, un dirigente nos dijo que los predios ya tenían dueños”, cuenta. “Sentí un dolor en el pecho, empecé a temblar”.

Flores no es el único desencantado. Hay centenares, quizás miles de ecuatorianos que los últimos años han llegado esperanzados a estas tierras asociándose a diversas organizaciones. Entre ellas, Nuevo Amanecer, Daniel Ruiz Palma, El Sande, La Tierra ya es de Todos, Santo Domingo del Canandé.... Para cautivar a sus socios, sus dirigentes obtuvieron planos y documentos del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) y enviaron cartas a la Presidencia, al Ministerio de Agricultura y a la Gobernación de Esmeraldas.

Estas organizaciones se formaron al calor de los anuncios gubernamentales sobre la aplicación de una de sus ofertas emblemáticas: el Plan Tierras, que contempla la transferencia a familias campesinas de terrenos del Estado y privados calificados como improductivos.

Las primeras invasiones ocurrieron a pocos días de aprobada la Constitución (octubre del 2008), que exacerbó el júbilo de los campesinos. Machete en mano se tomaron fincas y reservas naturales alegando su derecho a la vivienda. Las tomas ilegales, que se volvieron recurrentes, han ocurrido en Guayas, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Pichincha, Azuay' Aunque el Gobierno enfatiza que el Plan no avala las invasiones, y de hecho las ha reprimido, las incursiones en la reserva Cotacachi-Cayapas son un termómetro de lo que sucede en el resto del país.

Las tierras tienen dueño

Desde la década de los 80, más de 14 000 hectáreas donde ahora se asientan los invasores fueron vendidas, transferidas o trabajadas por los colonos que en su mayoría tienen títulos de propiedad y escrituras avaladas por el Inda y registradas en Cotacachi, Imbabura. Documentos oficiales del INDA y Ambiente en poder de este Diario ratifican que las tierras son propiedad de los socios (300 familias) de las organizaciones Río Bravo, 3 de julio, El Silencio, El Salvador, San Carlos, Selva Alegre, Unión Manabita, Grupo Independiente, Tres Estrellas, 3 de Septiembre, Guayacanes, Unión Ganadera.

Germán Simbaña, director de Titulación del INDA, quien en marzo del 2009 realizó una inspección en el lugar, corrobora que los predios son de esas organizaciones, pero advierte que algunas propiedades no están documentalmente probadas.

Uno de los primeros en llegar a Malimpia fue Juan Arteaga, de 44 años. En 1987 compró un lote de 100 hectáreas en 750 000 sucres. Mientras muestra su título de propiedad, recuerda las peripecias que vivió. “Para llegar caminamos dos días con mi esposa, con nuestros hijos pequeños sobre los hombros”. Durante meses Arteaga luchó sin cuartel para levantar su casa de madera, sembrar pasto, palma, colocar la alambrada' Y esperó pacientemente a que los políticos de turno cumplieran sus ofertas: construir la vía tan anhelada que conectara a esta región con el país.

Pasaron tres años, pero la obra nunca llegó. Sus hijos crecieron y no tenían dónde estudiar, si enfermaban no había un médico cerca'“No podía sacar ninguno de mis productos, no tenemos puentes ni vías, la única forma es a lomo de mula. En uno de mis viajes no tenía qué comer. Desesperado y hambriento cogí los excrementos de una bestia'Lloré y le pedí a Dios que me diera fortaleza para llegar con mi familia”, relata mientras toma un café en un comedor en Las Golondrinas, centro poblado de Esmeraldas a cinco horas de la región.

Uno de sus compañeros de penurias es Oswaldo Vaca, que también adquirió una propiedad en los 80. “Las cosas no han cambiado, seguimos olvidados por el Gobierno, ante la falta de vías y servicios no podemos producir ni impulsar proyectos turísticos. A eso se suma este nuevo problema de las invasiones a nuestros predios”, comenta Vaca. A su lado están Salvador Bravo, Mario Cabrera, Carlos Mora, Mariano Cuenca; con las escrituras de sus predios en las manos, no ocultan su frustración.

Tala indiscriminada

Durante la travesía se aprecian varios claros entre la vegetación. A lo lejos, se escucha el ruido de una motosierra. Los colonos estiman que los invasores han talado unas 100 hectáreas de bosque primario, que es el hogar de ricas especies. Un guía señala las huellas frescas de un puma que merodea por el sector. La guanta y el tigrillo también son comunes en estos parajes, donde abundan las mariposas multicolores, grandes como pájaros. Técnicos del Ministerio de Ambiente han realizado dos inspecciones de campo. “Al estar en el área protegida se presume que el fin que persiguen (los invasores) es posesionarse de las tierras y luego venderlas a empresas mineras por las evidencias encontradas, como muestras de rocas y frascos reactivos”, señala un informe oficial del 14 de octubre de 2009.

Parte de la zona fue tomada por la Asociación Santo Domingo del Canandé, integrada por algunos ex militares. Según dos campesinos, que pidieron no revelar su identidad, los ex soldados tratan de verificar la existencia de una mina de uranio, en la cabecera del río Jordán. Otro lugareño los ha visto ingresar en las madrugadas con una gran cantidad de tubos pequeños.

Uno de sus socios es Roberth Mendoza, sargento (r) del Ejército, quien niega cualquier actividad ilegal. Contó que su organización pidió al INDA la certificación de que se trataba de tierras baldías del Estado. Y una vez que recibió “una respuesta positiva” contrataron una arquitecta para que dividiera la tierra para sus 155 socios. Para la topografía aportaron USD 250, cada uno.

El 29 de mayo del año pasado la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, pidió al Ministerio de Gobierno el apoyo policial para desalojar a los invasores, que “ponen en riesgo la reserva”.

Desde esa época, el operativo, coordinado desde la Gobernación de Esmeraldas, aún no se concreta. “El desalojo se realizará en verano con el apoyo de los militares y la Policía, que estarán varias semanas en el sitio”, sostiene el jefe político de Quinindé, Carlos Zambrano.

Uno de los primeros en advertir la presencia de los extraños, a fines del 2007, fue Ángel Gómez. Él es presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Bloque 10, que agrupa a buena parte de las asociaciones afectadas. “Eran unas 80 personas, encabezadas por Luis Alberto Cazar, dirigente de Nuevo Amanecer”, comenta Gómez, quien ha denunciado a una docena de dirigentes.

Desde esa época, los invasores montaron cuatro campamentos. El 20 de enero pasado cuatro policías inspeccionaron el lugar. “Los presuntos invasores (entre quienes hay niños y mujeres) están ingresando a los predios aledaños a la reserva Cotacachi-Cayapas”, dice su informe.

Este Diario observó que uno de los asentamientos está semiabandonado y que los dirigentes que fomentan la ocupación están linderando, con un topógrafo, los predios donde ya habitan decenas de familias. Eso se desprende de los testimonios recogidos, entre ellos el de Víctor Flores. Él arribó la semana anterior desde Tarapoa, Sucumbíos, donde tiene una finca de 4 hectáreas. “La frontera es muy peligrosa. La tierra y las plantas fueron dañadas por las fumigaciones. La agricultura ya no me alcanzaba, por eso trabajaba raspando hoja de coca en Colombia por USD 7,5 diarios”.

A 45 minutos de allí, en la cima de una loma empinada vive Jeaneth Montenegro. Llegó cinco meses atrás al predio de 50 hectáreas que su hermano adquirió a través de La Tierra ya es de Todos. “La entrega se concretó con un abogado que coordina con gente del Gobierno (no especificó nombres). La Asociación recibió las tierras del Estado y empezó a entregarlas a la gente pobre. Somos unas 250 personas”, sostiene. En los alrededores de su vivienda de tablones y techo de zinc, 18 hombres medían los lotes, con un topógrafo. “Están trabajando desde temprano. Al ingeniero le pagamos nosotros. Somos gente pobre que nos acogimos a la oferta del Gobierno”.

Flores lamenta tanto sacrificio. “Quién me devolverá los USD 200 que invertí en esta aventura y la plata a mi hija. Salí de las brasas para caer en el fuego”.

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