9 de May de 2010 00:00

El INDA estudia el pedido de 13 316 hectáreas

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Carlos Velasteguí.

Eugenio Espinosa es un ex trabajador agrícola que siempre soñó con tener tierra propia. Para cristalizar su aspiración intenta asentarse junto con otros 190 campesinos en una zona de 50 000 hectáreas, que, según dice, está fuera de la reserva Cotacachi-Cayapas. De las 50 000 ha que buscan que les asigne el Gobierno, quieren ocupar 13 000 en agricultura y proyectos de ecoturismo. Para formalizar su proyecto, Espinosa formó la Asociación de Productores La Tierra ya es de Todos. Fue aprobada con acuerdo 003 del 18 de agosto del 2009 en el Ministerio de Agricultura, en Santo Domingo. Cada socio aporta USD 20 cada vez que se requiere realizar algún trámite. “Solo el topógrafo, para medir cada finca, nos cobra USD 30 000”, relata el dirigente. Espinosa recibe la asesoría legal de Kléber Román, abogado especialista en legalización de tierras. Román preside la Fundación Agroindustrial Agrícola Ganadera y Afines (Fundagrafec). Esta organización funciona en el despacho de Román, en una oficina en un edificio junto al Municipio. En una de las paredes aparece el retrato del presidente de la República, Rafael Correa, junto con los títulos y diplomas de Román. El 20 de enero, Fundagrafec y la Tierra ya es de Todos enviaron al presidente Correa una carta en la cual le informan los objetivos de su organización. Además, le indican: “Nuestros pedidos anteriores están siendo atendidos por Byron Valarezo, de la Asesoría Jurídica de la Presidencia, con quien habíamos mantenido comunicaciones telefónicas”. A esta solicitud -agrega la misiva- se adjunta “la copia original del plano del área en mención”. Al día siguiente, Óscar Pico, subsecretario de la Administración, le envió el oficio SUBSNA-0-10-1378 al entonces director del INDA, Galo Aldás. “En relación a la comunicación dirigida al señor Presidente por Kléver Román, en la que solicita se considere la adjudicación de un predio, sírvase atenderlo dentro del ámbito de su competencia, en lo que fuere legal y factible”. El 1 de abril, Jorge Pinto, director (e) del INDA, remitió una carta a Román y a Espinosa. Allí se refirió al pedido del Subsecretario de la Administración sobre la adjudicación de un predio de 13 316 hectáreas (no 50 000 como declaró Espinosa a este Diario) en la parroquia Malimpia, en Quinindé. En el último párrafo de su misiva, Pinto agrega: “El 3 de febrero su representada ingresó al INDA una petición de presentación de títulos, que está en trámite; una vez evacuado, la institución, en caso de ser procedente, estará presta a realizar las adjudicaciones que corresponda...”. Pinto, quien se negó a dialogar con este Diario, informó que el pedido estaba en proceso, pese a que varios informes del INDA establecen que los lotes de esa zona ya son propiedad de varias organizaciones. Además, por ser parte del patrimonio forestal, solo el Ministerio de Ambiente puede pronunciarse acerca de su tenencia, según Ángel Gómez, presidente de la Federación de Organizaciones del Río Canandé.

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