Dos eventos importantes desarrolla el Gobierno en la capital azuaya, justo en pleno proceso de resistencia de los sectores de izquierda. La oposición cree que es un pretexto para debilitar las múltiples protestas en defensa del agua y contra de la minería que se realizan en esta ciudad.
A las 11:00 de hoy, los ministerios de Finanzas y de la Coordinación Política firmaron la entrega de USD 1,7 de Fondos de Compensación a los 15 municipios de Azuay. Estos recursos serán para proyectos específicos, pero estarán en las cuentas municipales la próxima semana.
En cambio, mañana el Ministerio del Ambiente entregará la declaratoria de Área Protegida a las 3 200 hectáreas de Quimsacocha, que hace dos años la minera IamGold, adjudicataria del polémico proyecto Quimsacocha, revertió a Etapa. Es una zona de páramo con tres inmensas lagunas.
Este evento estará acompañado de la Segunda Feria Ciudadana del Ejecutivo donde las direcciones provinciales de los distintos ministerios rendirán cuentas sobre el trabajo desarrollado. Ésta se realizará en la plazoleta de El Otorongo, en la parte baja de la ciudad.
Pero coincide, en día y hora, con la Caminata en Defensa del Agua, la Vida y la Dignidad del Pueblo de Azuay impulsada por la Prefectura a través del Parlamento Provincial. El gobernador, Humberto Cordero, la anunció la primera semana después que la Prefectura hiciera pública su caminata.
Cordero desmintió que se trate de una contramarcha. Sin embargo, aún se mantiene la polémica por la negativa del Municipio de entregar los permisos y aprobar el trazado del recorrido por el Centro Histórico. El alcalde de Cuenca, Paúl Granda, es de Alianza País.
A esto se suma la protesta de cuatro horas que realizará el alcalde de Gualaceo, Marco Tapia, con las fuerzas vivas del cantón por la desatención en vialidad que vive el cantón por parte de la Prefectura. Ellos anuncian el bloqueo de la vía El Descanso-Gualaceo, en la estación de peaje de Chaquilcay.
Tapia también es del partido del Gobierno. Este Diario conoció denuncias de usuarios de sistemas de agua que están siendo obligados a asistir a esta protesta, de lo contrario deberán pagar multas económicas. Para el prefecto Paúl Carrasco, la marcha no tiene sustento y es política. Según él, la prefectura ha invertido 14, 9 millones entre el 2005 y 2012.