8 de July de 2010 00:00

La Fiscalía investiga 12 casos del INDA

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Redacción Guayaquil

La atención en la oficina distrital del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) fue interrumpida ayer por dos horas y veinte minutos.

Dos fiscales de la Unidad de Delitos contra la Propiedad acudieron para recabar información respecto a 12 procesos administrativos que son investigados. En ellos hay sospechas de actos irregulares.Carpetas con documentos que resumen trámites de invasión y expropiación de hace más de 10 años, así como denuncias sobre la existencia de un posible INDA paralelo, fueron entregadas a los funcionarios.

La información fue agrupada luego de que el pasado 25 de mayo, el Gobierno Nacional decretara durante la intervención sobre el INDA, para investigar supuestos actos de corrupción.

Luego de ese tiempo se mantuvo el control, explicó el director distrital del INDA, Clay Cabrera, posesionado en el cargo luego de la reestructuración.

Encontrar los documentos requeridos fue una tarea complicada, por la desorganización existente en la institución.

“Aquí no había nada de lo que un ente público requiere (...) es una verguenza encontrar que trámites de adjudicación, que deben tardar 15 días, llevan 10 años”, enfatizó Cabrera.

Mientras se cumplía la diligencia, los campesinos afectados por diversos casos pedían ser atendidos por el Director. La espera duró de 08:30 a 10:50, cuando se retiraron los fiscales, con los documentos.

Uno de los usuarios era Gregorio Sánchez. Él fue desalojado hace un mes de un predio denominado La Esperanza, ubicado en Pedro Carbo (Guayas).

Esta decisión del INDA involucró a otros 38 posesionarios que cultivan esas tierras desde hace más de 13 años.

Sus viviendas fueron destruidas e incendiadas, a pesar de que pagaron por esos predios. El desalojo se realizó por la orden de un juez civil, cuando la competencia en el área rural era del instituto, explicó su abogado, Efraín Robeli.

Ramón Alberto Echeverría también reclama por un desalojo, pero que ocurrió hace siete años. La tenencia de una parcela de cinco hectáreas, ubicada en el recinto Santa Rosa, del cantón Daule, fue anulada por un ex director encargado del INDA.

La intervención de la institución motivó la reactivación de denuncias de este tipo.

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