El estado de excepción rige en la zona especial de La Josefina, al norte de Azuay. Con esta medida dictada por el Régimen se busca frenar la explotación de piedras, ripio y otros áridos en 3 000 hectáreas.
El decreto fijó como primer paso la militarización del sitio. En la mañana de ayer no hubo militares en la vía Cuenca-Gualaceo, que atraviesa el sector. Los cerros Tamuga y Mizhquillacu, los más vulnerables a otro desastre natural, estaban desolados.
No había maquinarias extrayendo los materiales. Según el gobernador de Azuay, Leonardo Berrezueta, los militares están en la montaña donde también se realizaba la extracción ilegal.
Berrezueta señaló que el Ejército deberá presentar informes de los controles. Y las subsecretarías de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Urbano y Vivienda y el Municipio de Paute deberán entregar informes sobre el avalúo y catastro de la zona hasta el 15 de julio. La idea es declarar a este sector como de utilidad pública.
Otra disposición fue que la Policía controle el paso de volquetas que transportan el material para constatar si portan la guía de movilización y de dónde lo traen.
Pero en la mañana de ayer el paso de las volquetas era normal y no había policías en la carretera Cuenca-Gualaceo.
María Contreras, habitante de la zona, está de acuerdo con el estado de excepción para evitar otro desastre como el de marzo de 1993. En cambio, Patricio Vargas, presidente de la Cámara de la Minería, no aprueba la decisión.
Según él, se debió sancionar a los mineros ilegales porque existe el marco jurídico para hacerlo.