27 de May de 2010 00:00

Denuncias bloquean trámites en INDA

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Redacciones Guayaquil y Ecuador

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Pasado el mediodía de ayer, Alonso Verdesoto hablaba con insistencia por su teléfono celular. El objetivo del director regional del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) era conseguir una orden para ingresar, junto a su personal, a las oficinas en Guayaquil.

Antes de las 09:00, varios usuarios llegaron al local. No se habían enterado que el organismo estatal tenía sus puertas cerradas desde la tarde del martes. La medida causó malestar en Manuel Bustamante, Cecilia Sánchez y Rafael Cortez, quienes llegaron desde Vinces (Los Ríos), Durán y Daule (Guayas), para hacer trámites.

Durante sus trámites, los tres dijeron que ningún funcionario del INDA les pidió dinero. Pero sí tienen vivencias de procedimientos largos y burocráticos. Algo en lo que coincide Cristóbal Pazmiño, quien lleva dos años tramitando la legalización de un predio en el cantón Isidro Ayora (Guayas).

El INDA permanece cerrado con un candado desde el martes. Cerca de las 14:30 el fiscal Julio Vacacela y la Policía, allanaron y tomaron posesión de las dependencias, en Malecón Simón Bolívar y Juan Montalvo, en el centro.

Al personal -18 de planta y 5 contratados- se les ordenó tomar sus pertenencias y salir. Técnicos de Criminalística de la Policía tomaron fotografías y el Fiscal colocó sellos de seguridad en archivos, puertas y computadoras, para evitar su manipulación.

Esa información y equipos se mantenían en las mismas oficinas con llave, hasta que llegaran desde Quito los peritos. Esto no ocurría hasta las 14:00 de ayer.

En Quito, la situación fue similar en la matriz de la entidad. “Se comunica al público en general que la atención de las oficinas se reanudará a partir de las 13:30”. Esa leyenda se leía en las hojas de papel pegadas en los dos ingresos principales, cerrados. 300 empleados laboran en las 22 delegaciones del INDA en el país.

De esa manera fue como Felícita Pico Peralta, quien salió la madrugada de ayer desde San Lorenzo (Esmeraldas), se enteró de que el Instituto fue intervenido. “Qué bueno que los investiguen, que vean toda la corrupción que hay aquí”, decía detrás de los barrotes. En su mano sostenía documentos que indicaban que un predio de 35 hectáreas le pertenecía. Nadie podía ingresar. Esa fue la orden que dio la Policía desde el martes, a las 11:00 cuando intervinieron el edificio.

En las oficinas, Iván Rhon, fiscal de Delitos Flagrantes, ordenaba buscar pruebas que demuestren supuestos actos de corrupción. Hasta el mediodía, el Departamento de Titulación estaba sellado con adhesivos de la Fiscalía. Ni un solo papel se podía tocar.

En los exteriores, 20 personas reclamaban, no por el servicio, sino porque decían que habían sido víctimas de estafa por años.

Incluso Pico pedía ser recibida por Manuel Solano, el nuevo director del INDA. Dijo tener pruebas de que le cobraron viáticos para que los técnicos hicieran la inspección. “Me pidieron 1 000 dólares para arreglar mi caso”.

A pocos metros estaba Agustín Napo. En los registros del INDA aparece como muerto y por esa razón, su predio de 106 hectáreas, ubicado en Orellana, le fue adjudicado a otra persona. “Desde hace dos años me dan largas... Aquí me robaron el terreno”.

A las 12:30 aún no había ningún resultado de la investigación. Rhon no dio declaraciones. Solano, quien fue nombrado el martes, dijo que hay que esperar los resultados. Sí anunció la apertura de una oficina para receptar denuncias de los afectados por funcionarios de la entidad.

En Guayaquil, Luis Alvarado, secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa (Codepmoc), califica de acertada la decisión de investigar los manejos del INDA.

“Se llegó a tener dos INDA paralelos en Guayaquil. Mucha gente del campo fue permanentemente extorsionada en conflictos generados por la misma institución. Si bien hubo destitución de funcionarios, nunca hubo presos ni enjuiciados”.

El futuro del INDA, que cumplirá 16 años el próximo 14 de junio, está sellado. El ministro de Agricultura, Ramón Espinel, anticipó que las funciones de la entidad se reducirán a la solución de controversias y a investigar qué se hace con las zonas adjudicadas.

Para la legalización de tierras, expropiaciones y adjudicaciones, se creará la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria.

La situación de las oficinas provinciales

Las instalaciones del INDA, ubicadas en el segundo piso del edificio del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca en Portoviejo, está con resguardo policial. 15 gendarmes custodian el sitio desde la noche del martes. El fiscal Rubén Coello trabajaba en las oficinas. María Isabel Izurieta, directora de la entidad, dijo que mientras no transcurran las 72 horas para tener el estudio no se emitirá ninguna información. Redacción Manta.

Ocho miembros de la Policía Nacional custodian las oficinas del INDA en Esmeraldas. La atención al público se suspendió hasta hoy. Benigno Arteaga, quien dirigía la entidad, fue destituido en su reemplazo se nombró a Polibio Galarza, quien actúa como interventor. El funcionario hizo una revisión de los bienes, archivos, contratos y documentos en general. Él elaboraba un informe para entregar al Ministro de Agricultura. Red. Esmeraldas.

La oficina distrital del INDA en Imbabura funcionó ayer con normalidad. “Nos satisface y halaga que Imbabura, Carchi y Cayambe no estén involucradas en el escándalo”, dijo Doris Mejía, titular de la delegación, mientras atendía un caso por conflicto de tierras. En los pasillos del inmueble, en las calles Rocafuerte y Colón (centro de Ibarra), un grupo de indígenas gestionaba la legalización de sus predios. Red. Sierra Norte.

En la capital azuaya, desde el mediodía, las oficinas fueron intervenidas por parte de la Fiscalía. Al menos, tres ex funcionarios y uno en ejercicio son investigados desde hace más de dos años. Ellos están acusados de la supuesta tramitación de documentos mediante oficinas paralelas. La atención al público está suspendida, inicialmente por 72 horas. No se descarta que la investigación se prolongue. Red. Cuenca.

La dependencia en Machala no atendió ayer. Sus cinco empleados laboraron a puerta cerrada durante toda la jornada. Las oficinas fueron allanadas de forma sorpresiva a las 09:45 del martes. El fiscal Manuel Pauta se encargó de retirar la documentación. Un grupo de seis policías del Grupo de Operaciones Especiales y de técnicos de Criminalística retiró documentos en cartones previamente sellados. Red. Machala.

La Policía custodia, desde el martes pasado, el ingreso al edificio del INDA. Está ubicado en la av. Unidad Nacional y Calicuchima, en el sur de Riobamba. La entidad vigila los movimientos de los trabajadores en la institución. El fin es evitar que alguien saque documentos. El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía se llevó 25 computadores para investigar. No hay atención al público. Red. Sierra Centro.

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