Tras cinco años de desempeñarse como defensor del Pueblo de Esmeraldas, Omar Mina fue destituido el lunes pasado. El funcionario fue parte de la defensa de los siete detenidos en los disturbios que ocurrieron el 19 de julio en La Concordia. “La acción de personal tiene que ver con mi actuación de patrocinio del hábeas corpus a favor de los ciudadanos detenidos ilegalmente en La Concordia”, dijo.
El fantasma de la destitución ronda también a jueces y rectores de esta provincia, por actuar en defensa de la tesis de Esmeraldas. Los jueces Víctor Guilcapi, Iván Guerrero y Joel Arias son investigados por el Consejo de la Judicatura, por haber ordenado la liberación de los detenidos en La Concordia, que nuevamente entró en conflicto por el anuncio del presidente Rafael Correa de convocar a consulta popular.
Mientras tanto, 17 rectores de esta provincia enfrentan sumarios administrativos, por haber permitido que estudiantes secundarios participen de la marcha convocada por el Comité Cívico el 28 de julio.
La Dirección Provincial de Educación notificó a los rectores de los colegios fiscales Eloy Alfaro, Luis Tello, Margarita Cortez, Luis Prado, Carlos Concha, Luis Vargas Torres, 5 de Agosto y Mariscal Sucre. Así mismo, a los directivos de los establecimientos fiscomisionales Cristo Rey, Sagrado Corazón, Nuevo Ecuador, Madre del Salvador, La Providencia, Cotolengo, San José Obrero, Ángel Barbisoti y Domingo Savio.
Estas medidas han generado rechazo. Ayer, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador FESE y padres de familias de los colegios fiscomisionales protagonizaron una marcha en la ciudad de Esmeraldas.
“Esta movilización es pacífica, pero si el presidente Correa insiste en la remoción de los rectores tomaremos medidas de hecho” dijo Luis Ibarra, presidente de la FESE. El Comité Cívico de Esmeraldas convocó a una reunión para hoy, con el objetivo de definir nuevas acciones frente al tema de La Concordia.