Las huellas del enfrentamiento entre policías y contrabandistas de gasolina permanecen en la calle Los Álamos, en el norte de Tulcán.
Trozos de las carrocerías de dos patrulleros y de una camioneta que se quemaron, el 4 de febrero, están cerca de las gradas que dan a la avenida 24 de Mayo.
fakeFCKRemovePara los vendedores ilegales, los barrios La Rioja Norte y Las Ánimas son estratégicos. La av. es la prolongación de la antigua carretera Panamericana que lleva al puente de Rumichaca. Cientos de carros, colombianos y ecuatorianos, circulan a diario por ahí.
Los informales no se esconden. A escasos 30 metros del Comando de Policía Carchi agitan embudos para llamar la atención. Los colombianos son sus clientes.
A ellos les venden el galón de gasolina extra en USD 2,50. En las gasolineras, el precio oficial es de USD 1,48. Esa misma cantidad de combustible, cruzando la frontera, cuesta USD 3,50.
En La Rioja Norte, los informales que esperan a los clientes en las veredas, con pomas de 5 galones y botellas plásticas con gasolina, miran de reojo y evitan dar información a los desconocidos.
Entre ellos se encuentra Lucía N. (nombre protegido), tía de la adolescente Evelin N., de 16 años, quien sufrió quemaduras de tercer grado en el enfrentamiento de febrero pasado.
“Mi sobrina falleció el 1 de marzo. Es otra víctima de este oficio peligroso. En Tulcán no hay trabajo y la pobreza nos obliga a depender de esto. Yo me gano entre USD 5 y 10 diarios”.
Según la Policía, hay 150 vendedores ilegales de gasolina en los barrios periféricos del norte de Tulcán. Ellos, incluso, formaron una asociación para protegerse y negociar con las autoridades.
El comercio ilegal de combustible a Colombia perjudica a 77175 habitantes del cantón Tulcán. Ellos soportan los continuos desabastecimientos de gasolina.
Desde el 2007, cuando se penalizó el contrabando, la Dirección Regional de Hidrocarburos Norte impuso varias normas para la venta de combustibles en las nueve gasolineras de Tulcán y en las 19 del Carchi.
Por ejemplo, en esos surtidores está prohibido expender gasolina en recipientes y tanquear a vehículos con placas extranjeras.
Además, los conductores de carros con placa terminada en número par deben abastecerse los días cuya fecha coincide con un número par. Los dueños de los carros livianos solo pueden comprar hasta USD 10 diarios.
Por eso, las filas de vehículos son permanentes. El comerciante Wilson Mora se queja. “A veces espero dos horas y cuando me toca me dicen que se terminó”.
En la línea fronteriza carchense, la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y la Policía han identificado 23 pasos y una docena de trochas (caminos de tercer orden) utilizados por los contrabandistas.
“Ellos vigilan nuestros movimientos y de ese modo saben si estamos o no en operativos. Ahora pasan las mercancías en la noche, aunque saben que hay delincuentes y grupos armados ilegales que operan en la zona”, asegura Juan Vallejo, jefe del SVA.
La calle Calderón, a un costado del parque Isidro Ayora, es el centro de operaciones de los contrabandistas de alimentos. En esa zona, las casas se convirtieron en bodegas y graneros. Los carros colombianos se estacionan en hilera y sus conductores, con tranquilidad, suben los productos.
Es el caso de Julio N., comerciante de Sandoná, departamento de Nariño, a tres horas de Ipiales. “Quitamos los asientos posteriores y metemos huevos, papel higiénico, aceite. Cerca al puente de Rumichaca me esperan dos o tres carros de familiares y ellos me ayudan a pasar el control”.
Para enfrentar a los contrabandistas, la Policía se ayuda con la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos y Energéticos. Nadie conoce a sus miembros. No tienen una oficina en Tulcán, llegan de Quito y se hospedan en hoteles desde donde planifican los operativos.
En la Policía Judicial del Carchi constan los resultados de esas acciones. El año pasado se decomisaron 558 cilindros de gas llenos y 268 vacíos. Además, 181 canecas y 1 181 galones con combustible, 28 vehículos y 24 personas fueron detenidas.
Para Juan Carlos Villacreses, director regional de Hidrocarburos Norte, la comercialización de combustibles se ha vuelto un problema social.
Según este funcionario, solo a cuatro de las nueve estaciones de combustible se les fijaron cupos. “No debería haber escasez”.
Ximena N. también se dedica al contrabando de víveres a Colombia. Desde niña, ella acompañaba a su madre en los viajes por los pasos fronterizos no reconocidos. “Recuerdo que nos escondíamos de los aduaneros. No estudié y heredé este oficio”.