17 de October de 2012 00:03

En Carchi, las extorsiones se fijan según el precio de los productos

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La bala llegó en un sobre y una advertencia de por medio: si la familia no pagaba el rescate no habría liberación. La mujer llora al recordar esta escena. Eran los primeros días de diciembre del año pasado y los sospechosos exigían USD 25 000 para liberar a su hijo.

El hacendado fue secuestrado un mes antes. Tres armados llegaron en un vehículo con vidrios oscuros, se bajaron, ingresaron a la hacienda y lo plagiaron. Ocurrió en Tufiño, una parroquia carchense, fronteriza con Colombia.

Las secuelas llegaron de inmediato: una llamada tras otra. Los desconocidos exigían dinero para dejarlo en alguna vía.

Eso se concretó apenas hace dos meses, cuando el hombre fue abandonado en Chapuel, un pueblo que está a dos kilómetros de la hacienda donde lo sacaron.

Pero el drama no terminó allí. Ahora, toda la familia paga USD 5 000 al mes a cambio de recibir una supuesta ‘protección’.

Datos de la Policía Antisecuestros (Unase) revelan que en el país, en el 2011, las denuncias por extorsión se dispararon a 246 (en el 2010 fueron 37). En total, las mafias exigieron el pago de USD 2 404 573, aunque apenas se cancelaron USD 16 520.

El año pasado, las provincias con más casos de extorsión fueron Pichincha (94 casos), Esmeraldas (18) y Carchi (12 hechos).

En esta última jurisdicción hay temor. La mujer que narra el caso de su hijo, lo hace pero con la condición de no publicar nombres.

El año pasado, 600 hacendados y 12 000 agricultores cancelaron la mayor feria de ganado en San Gabriel. La razón: temían mostrar sus animales y sus cosechas de papas o brócoli. Pensaban que exhibirlos podría convertirles en blancos de extorsión o plagio.

Uno de los secuestros que se hizo público fue el de Orlando Ibarra. Este empresario del Carchi fue retenido el 2 de agosto del 2010 y su padre fue asesinado el 31 de enero pasado. El crimen sucedió mientras negociaba el pago del rescate que, según los informes policiales, bordeaba los USD 4 millones. Ahora, él está libre, pues el mes pasado logró escaparse de la guerrilla del ELN.

La Unase revela que el año pasado hubo 32 plagios en el país, igual que en el 2010. Mientras que de enero a agosto de este año, agentes detectaron 20 hechos.

Los pagos pueden variar

Los montos que por extorsión exigen los grupos delictivos varían y pueden depender incluso del costo de la papa y la producción de leche en las haciendas de las víctimas. Julio P. (nombre protegido) fue plagiado hace 10 años en Julio Andrade, otra parroquia fronteriza y aún cubre una mensualidad “para evitar problemas”.

Las mafias denominan a esa transacción como ‘vacunas’ y Julio P. transfiere USD 5 000 cada seis meses. “Puedo olvidarme hasta la fecha de mi cumpleaños y no del día en que debo cumplir con esa obligación”. Los retrasos le trajeron problemas. En el 2009 no pudo reunir el dinero y secuestraron a su nieto de 7 años.

Ese fue solo el primer aviso. Si en cinco horas no entregaban el dinero, lo matarían. Desde entonces, la entrega de dinero en efectivo es puntual y los sospechosos incluso le cobran en su oficina.

Los préstamos en el banco han sido una de las alternativas para cubrir las exigencias y nunca lo han denunciado en la Policía Nacional ni en la Fiscalía local.

Las operaciones armadas

Carlos Castro es el comandante de la Policía del Carchi y él asegura que la falta de denuncias dificulta las indagaciones. “Muchos de los perjudicados no se acercan a declarar simplemente por miedo. Eso nos impide actuar.

Los militares dicen algo similar. Fernando Proaño, jefe del comando de Tarea nro. 1 del Ejército, explica que “es difícil cuantificar los casos, porque no se conocen las quejas”. Luego asegura: “Los controles militares sirven para impedir el ingreso de guerrilleros, pero cuando lo hacen sin armas, no se puede hacer nada”.

La mujer que recibió la bala en el sobre recibe llamadas telefónicas frecuentes. No se identifican, pero con José M. (nombre protegido) sucede lo contrario.

La mañana del 11 de febrero del 2009, este hacendado recibió una llamada telefónica. La voz de un hombre que se identificó como miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le pidió“apoyo económico”. Aseguró que necesitan comprar armas y financiar parte de los gastos de logística del frentes que opera en el sur del departamento de Nariño, limítrofe con Carchi y Esmeraldas.

La respuesta fue tajante: no tengo dinero. Y le explicó que lleva una “vida modesta, sin derroches y con deudas en dos bancos de Tulcán”. La respuesta que recibió lo sorprendió. “Me leyeron todo el listado de mis bienes, sabían cuántas cabezas de ganado tenía en tres haciendas y el movimiento de las cuentas bancarias. Además, las direcciones y rutas que frecuentaban mis hijos y mi esposa. Cuando me hablaron de ellos me sentí debilitado y acepté negociar lo que fuere”.

Tres días después de ese contacto telefónico llegaron dos desconocidos a su oficina. Le dijeron a quién debía entregar el dinero y le dieron una hoja en la que constan las fechas de los desembolsos, mes a mes. Hasta le alertaron sobre los riesgos a los que se exponía si los denunciaba.

Según la Fiscalía, es difícil hacer un seguimiento de las causas, porque la gente “desaparece después de poner el tema en conocimiento de las autoridades. Y por falta de pruebas se archiva”.

La Unase maneja datos que revelan que los secuestros atribuidos a grupos irregulares de Colombia como el caso de Ibarra “son pocos” y que la mayoría es perpetrada por delincuencia organizada. No obstante, Freddy H., quien hace dos años comenzó a cancelar a la mafia, cuenta que quienes le cobraban eran hombres vestidos con trajes verdes, tipo militar y botas negras.

Hace tres meses entregó el último fondo y logró que de USD 10 000 le bajen a USD 6 000 mensuales. “Me estaban pidiendo mucho. Decían que el precio del quintal de papas subió a USD 26. Ese es el referente que ellos tienen para hacer el cálculo”.

En Tufiño, una zona ganadera del Carchi, hay dueños de haciendas que han preferido dejar los negocios a cargo de terceras personas y salieron a otras ciudades.

José C. tiene su propiedad cerca a Santa Martha de Cuba, una parroquia de Tulcán. Pero desde que hace tres años un grupo de armados le exigió USD 10 000 al mes a cambio de ‘protección’. Dejó el lugar y no regresó. No denunció. Tampoco lo hizo la mujer que recibió la bala en el sobre. Permanecen en silencio...

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